(Expansión, 03-02-2026) | Laboral
El reglamento mediante el cual el Ministerio de Trabajo pretende reforzar las exigencias del registro horario en las empresas se encuentra en la fase final de los trámites obligatorios antes de su aprobación por el Consejo de Ministros. El proceso no está exento de tensiones, ya que el Ministerio de Economía está intentando introducir ajustes en el texto para suavizar el impacto que la norma tendrá sobre el tejido empresarial, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que deberán adaptarse a sistemas digitales para cumplir con los nuevos requisitos de control de la jornada laboral.
Unos cambios que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no está dispuesta a asumir. Por el contrario, defiende que el reglamento se apruebe conforme al planteamiento original, concebido inicialmente como un complemento a la reducción de la jornada laboral y, posteriormente, como una medida autónoma articulada por vía reglamentaria. La única modificación relevante ha sido la retirada del endurecimiento del régimen sancionador, descartado para evitar una reforma legal que obligara a pasar por el Parlamento y, de ese modo, esquivar un escenario adverso en el Congreso.
Pese a ello, los condicionantes incluidos en el texto -que, según fuentes del diálogo social, se encuentra ultimando la recepción de los informes de los distintos ministerios antes de su envío al Consejo de Estado- no terminan de convencer al departamento que dirige Carlos Cuerpo. Así lo reconoció la propia Yolanda Díaz, en lo que constituye un nuevo desencuentro entre Trabajo y Economía a propósito de las iniciativas impulsadas desde el área laboral.
"El Ministerio de Economía se opuso en su momento a la reducción de la jornada laboral, y fue la Presidencia del Gobierno la que recondujo esa postura", recordó la vicepresidenta, subrayando que el refuerzo del registro horario era el principal instrumento de la ley para reducir el tiempo efectivo de trabajo, especialmente a través del control de las horas extraordinarias no remuneradas. Ese mismo efecto es el que espera ahora el Ministerio de Trabajo con el endurecimiento del sistema de control horario, cuyos ejes fundamentales son la digitalización de los registros y el acceso remoto de la Inspección de Trabajo a los datos.
"Confío en que rectifiquen; el procedimiento está llegando a su fase final para poder aprobar la norma", afirmó Díaz durante la presentación de un informe sobre democratización del trabajo. En ese contexto, volvió a criticar la posición de Economía, a la que acusó de mantener una visión contraria a iniciativas que considera beneficiosas para el país, recordando anteriores fricciones en asuntos como el salario mínimo interprofesional, los ERTE o la ley rider.
Este nuevo choque se produce poco después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, solicitara al departamento de Trabajo "buscar un equilibrio" con las empresas en relación con otras medidas en preparación, como la ampliación de los permisos por fallecimiento. Finalmente, Trabajo acordó el aumento de los días únicamente con los sindicatos, tras las críticas de las organizaciones empresariales por el desarrollo del proceso negociador.
"Lo importante es que somos hegemónicos. Después, el Partido Socialista acaba reconociendo estos logros. Esto es ejercer la hegemonía", afirmó Díaz, anticipando que su postura volverá a imponerse frente a la de Economía. No obstante, fuentes del diálogo social señalan que sí se están recibiendo aportaciones de otros ministerios, aunque dudan de que estas obliguen a reabrir el trámite de consulta pública del reglamento. También apuntan a la incógnita de si será necesario recabar el informe de la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que se facilite copia de los registros a la representación legal de los trabajadores.
Tal y como ya habían advertido las organizaciones empresariales, el principal foco de oposición a la reducción de la jornada se encontraba precisamente en el refuerzo del registro horario. La futura normativa incrementará las obligaciones para todas las empresas, independientemente de su tamaño, que deberán implantar sistemas digitales de control de la jornada. Además, los datos registrados deberán ser interoperables y accesibles para la Inspección de Trabajo.
La norma también eleva el nivel de detalle exigido. Será responsabilidad del trabajador introducir la información relativa a sus tiempos de trabajo en la herramienta proporcionada por la empresa, y el reglamento obliga a extremar la precisión de los registros. Deberá consignarse el momento exacto de inicio y finalización de cada jornada, con indicación de la hora y el minuto, así como el comienzo y fin de cada pausa que no compute como tiempo de trabajo efectivo. Para garantizar el correcto funcionamiento de estos sistemas, las empresas estarán obligadas a proporcionar la formación necesaria a su plantilla.