(El País, 22-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pactado este jueves con las comunidades autónomas el reparto territorial de los 7.000 millones de euros incluidos en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 durante la conferencia sectorial celebrada junto a los consejeros autonómicos del área. Aunque los representantes del Partido Popular habían mostrado en los últimos meses su rechazo al diseño y distribución de los fondos por considerar que invade competencias autonómicas, finalmente ninguno votó en contra de recibir las ayudas. Tras este acuerdo, cada comunidad deberá formalizar un convenio bilateral con el Estado y aquellas que completen antes el proceso podrán acceder a los recursos a partir del segundo semestre del año, tal y como había prometido el ministerio.
Rodríguez celebró el entendimiento alcanzado y destacó que supone una respuesta positiva tanto para el Gobierno como para los ciudadanos que esperan soluciones efectivas en materia de vivienda. La ministra recordó que el plan es fruto de meses de negociaciones y reuniones con comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales, de las que, según explicó, se recibieron cerca de 400 propuestas.
Aunque el respaldo de las comunidades no era imprescindible desde el punto de vista formal para distribuir los fondos -bastaba con que las autonomías interesadas aceptaran el sistema de reparto-, el Ministerio defendió desde el principio la necesidad de alcanzar un consenso amplio que facilitara la aplicación coordinada del programa en todo el territorio nacional.
Pese al apoyo final, varios representantes autonómicos del PP mantuvieron sus críticas al proyecto. El consejero madrileño de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, que intervino en nombre de los gobiernos populares, calificó el plan de "acto propagandístico" del Ejecutivo y acusó al Gobierno de intentar condicionar a las comunidades sin resolver realmente el problema de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes. También insistió en que las autonomías conocieron muchos detalles del programa a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y no mediante negociación previa.
La ministra rechazó esas acusaciones y aseguró que durante los últimos meses se han celebrado cerca de treinta reuniones para abordar el contenido del plan. Rodrigo, además, acusó al Ejecutivo de querer imponer una "agenda ideológica" en política de vivienda y no descartó la posibilidad de recurrir determinadas medidas ante el Tribunal Supremo. Desde el Ministerio consideran que esa vía judicial carece de sentido porque podría retrasar la llegada de los fondos a las propias comunidades.
El Plan Estatal de Vivienda fue anunciado hace aproximadamente un año por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona y recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado 21 de abril. El programa combina financiación estatal y autonómica: el Estado asumirá el 60% del coste y las comunidades el 40% restante. No obstante, para facilitar su arranque, el Ministerio se ha comprometido a cubrir íntegramente la financiación correspondiente al primer año.
La distribución de los 7.000 millones también queda definida en el propio plan. El 40% se destinará a la construcción de vivienda pública asequible, que además conservará de manera permanente su condición de protegida. Otro 30% financiará actuaciones de rehabilitación de viviendas destinadas a ampliar el parque público, con ayudas que podrán alcanzar los 30.000 euros. El 30% restante se dedicará a subvenciones para colectivos vulnerables, tanto para el alquiler -con ayudas de hasta 300 euros- como para la compra de vivienda en zonas rurales.
Precisamente, la obligación de que las viviendas construidas con financiación estatal mantengan indefinidamente su carácter protegido es uno de los puntos que más rechazo ha generado entre las comunidades gobernadas por el PP. Estas consideran que esa exigencia invade competencias autonómicas en materia de vivienda. Frente a ello, Rodríguez defendió que las promociones financiadas con dinero público deben formar parte de un patrimonio permanente al servicio de los ciudadanos y no acabar incorporándose al mercado libre tras unas décadas.
Este debate ya fue analizado por el Tribunal Constitucional al estudiar la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2023. En aquella ocasión, el tribunal anuló el artículo que imponía con carácter general la protección permanente de toda vivienda protegida, al entender que afectaba a competencias autonómicas. No obstante, los magistrados también señalaron que el Estado sí puede imponer esa condición cuando las promociones se financian con fondos estatales, mientras que las comunidades conservan plena capacidad de decisión cuando las viviendas se desarrollan únicamente con recursos propios.