(El País, 19-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha afirmado este miércoles que agilizará al máximo el decreto destinado a combatir el fraude en los alquileres temporales. Esta declaración llega después de que Junts frenara inesperadamente la tramitación en el Congreso de una propuesta de ley de Sumar con el mismo propósito. Durante su intervención en los pasillos del Congreso, Rodríguez ha pedido calma y ha señalado que, aunque su compromiso es aprobar el decreto antes de que finalice 2025, espera tenerlo listo en un plazo más corto.
Este decreto desarrolla la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y busca abordar el fraude en los contratos de alquiler a corto plazo, incluidos los turísticos, los de temporada y los de habitaciones. Una de las medidas clave es la exigencia de justificar la temporalidad en la relación entre el propietario y el inquilino, lo cual deberá reflejarse en un anexo al contrato.
Rodríguez ha explicado que el reglamento pretende aclarar el artículo 3 de la LAU para evitar que se utilicen los contratos temporales como vía para eludir los requisitos establecidos por la ley de vivienda para los alquileres ordinarios. El objetivo es asegurar que personas que necesitan estos contratos, como estudiantes o profesores, puedan beneficiarse de ellos, pero evitar que se usen de manera fraudulenta para eludir las garantías del alquiler residencial. Además, ha resaltado que el decreto se está elaborando en consonancia con el Reglamento europeo aprobado en la legislatura pasada contra el fraude en alquileres turísticos, que obliga a registrar en un sistema los inmuebles ofrecidos en plataformas digitales por periodos menores a un año.
Aunque el PSOE apoyó la tramitación de la propuesta de ley presentada por Sumar, que también contaba con el respaldo de ERC, EH Bildu y BNG, desde el Ministerio de Vivienda han argumentado que esta propuesta no era coherente con la normativa europea. La iniciativa de Sumar, más estricta que la del Gobierno, proponía limitar los alquileres temporales a un máximo de seis meses y aplicarles los mismos controles de precios que a los alquileres de vivienda habitual.
Rodríguez también ha señalado que el ministerio está trabajando en colaboración con el Colegio de Registradores y el Consejo General del Notariado para crear un registro único estatal de alquileres temporales, que será clave para combatir el fraude. Este registro, inicialmente pensado para los alquileres turísticos, incluirá otras modalidades de alquiler a corto plazo, como habitaciones y embarcaciones, y garantizará que los inmuebles cumplan con la normativa.
El rechazo del Congreso a la propuesta de Sumar muestra que alcanzar un consenso en este tema será complicado. El martes, Junts votó junto al PP y Vox en contra de la regulación impulsada por los sindicatos de inquilinos, lo que generó fuertes críticas, especialmente en Cataluña. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, acusó a Junts de alinearse con la "derecha y la ultraderecha" y calificó su voto como "miserable".
Por su parte, la portavoz del Gobierno catalán, Sílvia Paneque, señaló que esta decisión es un "golpe durísimo e inexcusable para las clases trabajadoras", mientras que Míriam Nogueras, portavoz de Junts, defendió su postura en Catalunya Ràdio, alegando que su negativa se debe a "otros tipos de cálculos" y que no aceptarán políticas de un "modelo que no funciona".