(El País, 03-02-2026) | Laboral
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció hace casi un año la puesta en marcha de un grupo de especialistas con el objetivo de promover una nueva normativa orientada a reforzar la democracia en la gestión empresarial. En términos prácticos, se trata de definir mecanismos para que los trabajadores participen en las decisiones de las empresas y puedan, incluso, convertirse en propietarios de parte de ellas.
Ese grupo de expertos sobre democracia en el trabajo ya ha concluido su labor y este lunes ha entregado su informe a la ministra. El documento plantea, entre otras medidas, que el Gobierno impulse un sistema de cogestión en el que los trabajadores ocupen un tercio de los asientos en los consejos de administración de empresas con plantillas de entre 50 y 1.000 personas. En el caso de compañías de mayor tamaño, la propuesta eleva esa representación hasta la mitad de los miembros del órgano directivo. Además, el informe va un paso más allá y sugiere que se diseñe un plan para facilitar el acceso de los empleados a la propiedad empresarial, garantizando como mínimo un 2% del accionariado en empresas a partir de 25 trabajadores.
Díaz ha señalado que el Ejecutivo está dispuesto a avanzar en esta regulación mediante una ley que se negociará con patronales y sindicatos en un plazo reducido, al tratarse de una reforma pendiente en España. Aunque no suele formar parte del debate habitual, recuerda que esta cuestión sí estuvo presente durante la Transición. La ministra ha subrayado también que este modelo no es ajeno al país, ya que existe en cooperativas, en alguna empresa pública como Navantia y en determinadas compañías del País Vasco, sin que ello haya generado problemas.
El informe, que supera las 500 páginas, responde al encargo de fundamentar y estructurar una futura regulación sobre la participación de los trabajadores en la toma de decisiones empresariales, siguiendo el ejemplo de la mayoría de países europeos. La ministra justifica esta iniciativa en el hecho de que la Constitución, en su artículo 129.2, contempla este principio, aunque hasta ahora no se ha desarrollado normativamente.
Dicho artículo establece que los poderes públicos deben promover las distintas formas de participación en la empresa, fomentar las cooperativas mediante una legislación adecuada y facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
La presidenta del comité de expertos, Isabelle Ferreras, ha denunciado que este mandato constitucional no se aplica de forma adecuada en España. Aunque reconoce la existencia de un sistema dual de representación a través de delegados de personal y comités de empresa, considera que los derechos de participación son muy limitados y no alcanzan a las decisiones estratégicas. En este sentido, ha coincidido con Díaz en señalar que España es una excepción en Europa, ya que 18 de los 27 países de la Unión Europea han regulado la presencia de los trabajadores en los órganos de dirección empresarial.
Por todo ello, la comisión propone que el Gobierno y los agentes sociales desarrollen una estrategia basada en dos ejes: reforzar la capacidad de los empleados para influir en las decisiones de sus empresas y facilitar su acceso a la propiedad. En cuanto al primer aspecto, se plantea ampliar la participación mediante nuevos requisitos legales que refuercen el papel de los comités de empresa y de los delegados de personal. Entre otras medidas, se sugiere reconocer un derecho de codecisión en cuestiones como la implantación de sistemas de inteligencia artificial en el entorno laboral.
Asimismo, los expertos reclaman la creación de la figura del representante conjunto de personal en centros de trabajo muy pequeños, con menos de seis o diez empleados, y la constitución de comités de empresa a nivel de grupo para mejorar la gobernanza en grandes estructuras empresariales. También proponen que los comités cuenten con el apoyo de especialistas remunerados en ámbitos como la inteligencia artificial o el impacto social y ambiental de las decisiones corporativas.
En caso de que el diálogo social no alcance acuerdos, el informe defiende que el Gobierno establezca procedimientos formales para garantizar la participación de los trabajadores en los órganos de gobierno de las empresas, tomando como referencia las prácticas más avanzadas de países como Suecia y Alemania. Así, se propone reservar un tercio de los puestos del consejo de administración a los trabajadores en empresas de entre 50 y 1.000 empleados y, en las compañías de mayor tamaño, asignarles la mitad de los asientos, rebajando el umbral alemán a partir de 1.000 trabajadores.
Respecto a la participación en la propiedad, el documento fija mínimos legales de capital en manos de los empleados: más del 2% en empresas de entre 25 y 1.000 trabajadores y más del 10% en aquellas que superen los 1.000 asalariados. Para ello, se plantea la creación de planes de adquisición de acciones por parte de los empleados, especialmente pensados para procesos de relevo generacional. Ferreras ha explicado que podrían articularse fondos ciudadanos de ámbito regional, gestionados por los propios trabajadores, que permitan adquirir acciones en momentos críticos y evitar la entrada de fondos especulativos.
Por último, los expertos recomiendan acordar incentivos que animen a las empresas a ir más allá de las exigencias mínimas de la ley. Para ello, proponen diseñar un Índice de Desarrollo Democrático Corporativo que permita aplicar mecanismos de recompensas y penalizaciones en función del nivel de participación alcanzado. Estos incentivos podrían traducirse en ayudas públicas, beneficios fiscales, tasas diferenciadas o un acceso preferente a la contratación pública, con el objetivo de impulsar una mayor implicación de los trabajadores en la vida empresarial.