(El Economista, 15-09-2025) | Laboral
El rechazo en el Congreso al proyecto de ley para reducir la jornada laboral no solo ha evidenciado la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo de coalición, sino que ha supuesto un golpe a la hoja de ruta diseñada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras sellar el acuerdo con Pedro Sánchez a finales de 2023. El fracaso de la propuesta de las 37,5 horas semanales parece enterrar definitivamente sus aspiraciones de impulsar una reforma del despido. Aun así, tanto la líder de Sumar como los sindicatos se reservan un plan alternativo, cada vez más inspirado en la experiencia de la legislación laboral italiana.
Con el paso de la Legislatura, el PSOE ha dejado claro que no contempla modificar el actual sistema de indemnizaciones máximas por despido improcedente, aunque sí está dispuesto a revisar las causas de cese para alinearlas con la Carta Social Europea. Este fue el compromiso firmado con Sumar, aunque Díaz ha seguido un rumbo propio, en estrecha sintonía con las centrales sindicales.
El debate sobre si las indemnizaciones basadas únicamente en la antigüedad compensan el perjuicio sufrido por los trabajadores ya estaba presente en los tribunales, donde algunas sentencias han reconocido cantidades superiores a los 33 días por año trabajado, amparándose en la Carta Social Europea y el Convenio 155 de la OIT. La estrategia sindical consistía en escalar el conflicto a nivel europeo, elevando el caso al Comité Europeo de Derechos Sociales para esquivar las resistencias socialistas frente a la reforma laboral de 2012.
Aquella reforma redujo las indemnizaciones por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades frente a las 42 anteriores, aplicándose incluso a contratos previos, aunque sin carácter retroactivo. También facilitó la aplicación de las causas objetivas de despido (económicas, técnicas, organizativas o productivas), con indemnizaciones de 20 días por año y un tope de 12 mensualidades. El cambio supuso una notable rebaja de costes en plena crisis, y fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy sin consenso con patronal ni sindicatos.
La firmeza de esa reforma fue aplaudida por la OCDE y la Comisión Europea, lo que explica que los ejecutivos posteriores del PSOE, tanto en solitario como en coalición con Unidas Podemos o Sumar, no hayan revertido esas medidas, salvo aspectos puntuales como el despido por absentismo, ya anulado por el Tribunal Supremo. Aunque Sánchez e Iglesias prometieron en su día una derogación completa, el marco de 2012 se mantuvo prácticamente intacto, a cambio de lograr un acuerdo tripartito para la reforma de 2021, que buscaba reducir la temporalidad y contó con respaldo internacional.
En los últimos años, no obstante, el debate sobre las indemnizaciones ha vuelto a abrirse. Tras las denuncias de UGT y CCOO, el Comité Europeo de Derechos Sociales consideró que el límite actual vulnera la Carta Social Europea porque no compensa adecuadamente el daño sufrido. Paralelamente, algunos jueces españoles fallaron en la misma dirección, aunque el Supremo zanjó la cuestión este verano confirmando que la normativa nacional es compatible con los convenios internacionales y que no procede reconocer indemnizaciones superiores.
Con este escenario, la única vía sería una reforma legal, algo que el PSOE descarta. La derrota de la reducción de jornada, además, hace improbable que el asunto llegue al Consejo de Ministros por iniciativa propia. Aquí es donde aparece el "plan B". Los sindicatos han anunciado un recurso al Constitucional contra la sentencia del Supremo. Aunque pueda parecer un gesto meramente simbólico, en realidad responde a una estrategia más amplia: reabrir el debate sobre el marco de despido, siguiendo la estela de Italia con la controvertida Jobs Act.
La reforma impulsada por Matteo Renzi en 2014 eliminó la obligación de reincorporar al trabajador en caso de despido improcedente en empresas de más de 15 empleados, sustituyéndola por una indemnización tasada: inicialmente cuatro meses de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, cifra que más tarde se elevó. En 2018, el Constitucional italiano declaró inconstitucional el cálculo automático de la compensación solo por antigüedad, exigiendo mayor flexibilidad en función de las circunstancias, aunque sin cuestionar ni los topes ni la desaparición de la readmisión, salvo en casos de discriminación.
A pesar de ello, la norma fue duramente criticada por sindicatos y oposición, e incluso denunciada ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, que en 2019 se pronunció contra los límites. Pero la Corte Constitucional italiana defendió que la Carta Social Europea es lo suficientemente abierta para admitir la legislación nacional y que las resoluciones de Estrasburgo no son vinculantes, argumentos similares a los esgrimidos por el Supremo español.