(El Economista, 20-07-2026) | Laboral
Los sindicatos han instado al Ministerio de Trabajo a aprobar durante este mes la reforma del registro de jornada laboral, una medida que lleva meses pendiente y que únicamente necesita la aprobación del Consejo de Ministros para entrar en vigor. Sin embargo, este no es el único acuerdo alcanzado entre el departamento que dirige Yolanda Díaz y CCOO y UGT que continúa sin materializarse pese a haber sido firmado e, incluso, presentado públicamente.
Desde su llegada al Ministerio de Trabajo en 2020, Yolanda Díaz convirtió el diálogo social en uno de los pilares de su gestión. Durante los primeros años de legislatura, Gobierno, sindicatos y patronal alcanzaron cerca de una veintena de acuerdos tripartitos, entre ellos la reforma laboral. No obstante, tras las elecciones generales de 2023, las negociaciones comenzaron a cerrarse únicamente con los sindicatos, debido a la falta de entendimiento con las organizaciones empresariales.
La ausencia del respaldo de la CEOE y Cepyme ha complicado la tramitación parlamentaria de estas iniciativas, especialmente tras el fracaso de la reforma del subsidio por desempleo. Desde entonces, los sindicatos han advertido de que no quieren seguir firmando acuerdos cuya aprobación posterior no esté garantizada, trasladando al Ministerio de Trabajo la responsabilidad de asegurar los apoyos necesarios en el Congreso. Además, la oposición empresarial también ha dificultado que algunas de estas medidas obtengan el visto bueno dentro del propio Consejo de Ministros.
El Estatuto del Becario es el acuerdo que acumula un mayor retraso. Fue pactado con CCOO y UGT en 2023, poco antes de las elecciones generales, aunque previamente ya existía un acuerdo más restrictivo alcanzado casi un año antes. El Ministerio decidió reabrir la negociación con el objetivo de incorporar a la patronal, pero finalmente no logró ese consenso. El texto tampoco contó con el respaldo de la parte socialista del Gobierno y, aunque fue remitido al Congreso en marzo, permanece bloqueado por la falta de apoyos parlamentarios.
Otra de las cuestiones que más preocupa a los sindicatos es la reforma relacionada con el salario mínimo interprofesional (SMI). Reclaman que las empresas no puedan compensar las sucesivas subidas del salario mínimo eliminando o absorbiendo complementos salariales que ya percibían los trabajadores. Se trata de un compromiso asumido por el Gobierno en anteriores negociaciones y que quedó recogido por escrito en el acuerdo que elevó el SMI hasta los 1.221 euros mensuales, un documento firmado también por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Ministerio de Trabajo pretende incorporar esta modificación mediante la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos. Sin embargo, la patronal sostiene que introducir este cambio a través de un reglamento vulneraría el Estatuto de los Trabajadores, una preocupación que trasladó al Ministerio de Economía, que mostró reservas sobre la propuesta.
Otro de los acuerdos pendientes contempla la ampliación de los permisos laborales retribuidos. Entre las medidas pactadas figura ampliar de dos a diez días el permiso por fallecimiento de un familiar, crear un permiso de quince días para cuidados paliativos y otro de un día para quienes acompañen a una persona durante un proceso de eutanasia. Al requerir una modificación legal, estas medidas deberán ser aprobadas por el Congreso, donde el Gobierno tampoco dispone de una mayoría asegurada.
Inicialmente, el Ejecutivo planteó remitir el proyecto de ley al Parlamento incluso sin contar con los apoyos suficientes, con el objetivo de evidenciar la posición de los grupos políticos, una estrategia similar a la utilizada con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Sin embargo, desde que el acuerdo fue anunciado en diciembre de 2025, los agentes sociales no han recibido novedades sobre su tramitación. Además, los plazos habituales de este tipo de iniciativas hacen difícil que puedan aprobarse antes del final de la legislatura, aunque los sindicatos no consideran esta reforma una prioridad inmediata.
También continúa pendiente la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, acordada únicamente con CCOO y UGT tras casi dos años de negociaciones en las que participaron CEOE y Cepyme. El proyecto incorpora los riesgos psicosociales, la salud mental, el impacto del cambio climático y los efectos de la transformación digital dentro de los planes de prevención de las empresas. Aunque el Gobierno estudió aprobar mediante real decreto aquellos aspectos que no requieren una modificación legal, los cambios de mayor calado necesitan el respaldo del Parlamento, algo que se complica por la falta de apoyo empresarial.
En cuanto a la reforma del registro de jornada, el Ministerio de Trabajo mantiene su intención de aprobarla en el Consejo de Ministros antes del parón estival. El objetivo es que las empresas registren de forma digital las horas de entrada y salida de los trabajadores, distingan las horas extraordinarias y reflejen las interrupciones de la desconexión digital cuando el empleado deba atender llamadas o realizar otras tareas laborales fuera de su horario.
Esta regulación formaba parte inicialmente del proyecto de ley para reducir la jornada laboral, que finalmente decayó, por lo que no ha sido objeto de una negociación específica. Antes de su aprobación, el Gobierno solicitó el preceptivo informe del Consejo de Estado.
El órgano consultivo emitió un dictamen desfavorable al considerar que la reforma debería aprobarse mediante una ley y no a través de un reglamento. Esta conclusión se apoyó, entre otros aspectos, en las observaciones realizadas por varios ministerios, especialmente el de Economía, que reclamó un calendario de implantación más flexible para las empresas, ayudas para facilitar la adaptación y una memoria económica más detallada sobre el impacto de la medida.
Asimismo, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública expresó dudas sobre el coste que supondría implantar este sistema en las administraciones públicas. Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos advirtió de la falta de concreción sobre el tratamiento de la información que deberán recopilar las empresas y sobre las características técnicas del futuro sistema de registro digital.