(El Economista, 07-10-2026) | Laboral
El Ministerio de Trabajo mantiene sus planes para volver a incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a comienzos de 2027, pese al adelanto de las elecciones generales. El departamento dirigido por Yolanda Díaz prevé convocar este jueves a la comisión asesora del SMI, conocida como grupo de expertos, para solicitarle un nuevo informe con una recomendación sobre la subida del salario mínimo, actualmente situado en 1.221 euros mensuales. Posteriormente, Trabajo deberá consultar a las organizaciones empresariales y sindicales, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores, aunque el contexto actual hace poco probable que se alcance un acuerdo entre las partes.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ya había anunciado su intención de reunir durante octubre a los académicos, técnicos de los ministerios de Economía y Hacienda y representantes de los sindicatos que integran este órgano asesor. La convocatoria, inicialmente prevista para finales de la semana pasada, mantiene su fecha pese al anuncio de las elecciones generales del 29 de noviembre, ya que Trabajo considera que el proceso para fijar el nuevo SMI debe continuar.
La reunión se producirá más tarde que el año pasado, cuando los expertos fueron convocados el 30 de septiembre. Este retraso complica que la ronda de consultas con los agentes sociales pueda celebrarse antes de las elecciones. Además, la elaboración de las recomendaciones suele prolongarse durante varios meses. En 2025, por ejemplo, el informe no llegó al Gobierno hasta diciembre y el acuerdo con los sindicatos para elevar el SMI un 3,1% no se anunció ni aprobó hasta febrero.
Desde hace varios años, uno de los objetivos de Yolanda Díaz es situar el SMI en el equivalente al 60% del salario medio, una referencia utilizada en el ámbito europeo para valorar si el salario mínimo garantiza un nivel suficiente de ingresos. Sin embargo, determinar la cuantía exacta a partir de este criterio ha generado discrepancias dentro de la propia comisión, entre otras razones porque las estadísticas salariales disponibles se publican con retraso y es necesario recurrir a otros indicadores para realizar una estimación actualizada del salario medio.
El calendario de elaboración de estas recomendaciones y de aprobación de las subidas ha variado considerablemente desde la creación de la comisión asesora en 2021. En algunos ejercicios, como 2023, Trabajo ni siquiera convocó al grupo para establecer una propuesta, mientras que en otros, como 2025, el debate estuvo condicionado por la discusión entre Trabajo y Hacienda sobre la tributación en el IRPF de los trabajadores que perciben el salario mínimo. Por este motivo, resulta difícil determinar si el Ministerio dispondrá de la recomendación antes del inicio de la campaña electoral.
Para fijar la última subida del 3,1%, uno de los datos determinantes fue la inflación registrada en octubre de 2025. En esta ocasión, el IPC de octubre ya estará disponible cuando se celebren las elecciones, aunque la referencia final con la que contará Trabajo dependerá también de cuánto se prolonguen los trabajos de la comisión de expertos.
Tras las elecciones, el Gobierno pasará a estar en funciones hasta la formación del nuevo Ejecutivo. La Ley de Gobierno establece que, durante este periodo, el Ejecutivo debe limitarse al despacho ordinario de los asuntos públicos y solo puede adoptar medidas adicionales en situaciones de urgencia debidamente justificadas o cuando concurran razones de interés general. En principio, esto no impediría una subida del SMI si se justificara por alguna de estas circunstancias. Además, su aprobación se realiza mediante un reglamento y no requiere la tramitación parlamentaria de una ley, aunque aprobarla antes de las elecciones parece poco probable por los plazos disponibles.
La posibilidad de alcanzar un acuerdo entre sindicatos y empresarios sobre la subida del SMI también se presenta complicada. Las organizaciones empresariales llevan varios años sin respaldar los incrementos aprobados, mientras que los sindicatos condicionan nuevos pactos a la aprobación de medidas ya acordadas y todavía pendientes, entre ellas la reforma del registro horario y los complementos salariales. La convocatoria electoral dificulta aún más que estas iniciativas puedan avanzar.