(El País, 25-06-2026) | Laboral
La reforma laboral pactada entre el Gobierno, sindicatos y patronales se ha convertido en una de las principales banderas del Ejecutivo, especialmente por su impacto en la reducción de la temporalidad tras la desaparición del contrato por obra y servicio. La tasa de empleo temporal ha descendido desde niveles cercanos al 25% hasta situarse en torno al 15%, una mejora que además ha coincidido con un intenso periodo de creación de empleo.
Más allá de estos resultados, la propia norma incluyó una disposición adicional que obligaba al Gobierno a evaluar formalmente sus efectos. Ese análisis ya ha sido completado por el grupo de expertos designado para ello, aunque todavía no se ha hecho público. Fuentes vinculadas a este equipo aseguran que el informe fue entregado al Ministerio de Trabajo y Economía Social en febrero y que sus conclusiones son favorables, si bien sigue sin publicarse pese a que el mandato legal fijaba enero de 2025 como fecha límite. Desde el departamento encabezado por Yolanda Díaz atribuyen el retraso únicamente a problemas de agenda.
La disposición incluida en el Real Decreto-ley 32/2021 establecía que el Gobierno debía evaluar los resultados de la reforma mediante un análisis de la contratación temporal e indefinida con datos de enero de 2025, así como publicar oficialmente la tasa de temporalidad general y sectorial.
Sin embargo, llegado enero de 2025, el grupo encargado del análisis ni siquiera estaba constituido. El ministerio no presentó a los expertos seleccionados hasta abril de ese año. Según fuentes del equipo, se les trasladó urgencia para completar el trabajo cuanto antes debido al retraso acumulado, por lo que aceleraron la elaboración del informe y lo entregaron en febrero de 2026.
Las mismas fuentes explican que el documento concluye, en términos generales, que la reforma ha tenido un balance positivo. Aunque identifica ciertos aspectos susceptibles de mejora, la valoración global es favorable y coincide con otros estudios recientes elaborados por la Comisión Europea, Fedea e Iseak, que también han analizado los efectos de la reforma.
Dentro del equipo de evaluación figuraban economistas, académicos, representantes sindicales y técnicos de distintas instituciones públicas. Entre ellos destacan Luis Ayala, coordinador del grupo, así como representantes del Banco de España, del Ministerio de Seguridad Social, de Presidencia y de los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores.
No obstante, las representantes de la patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales y Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa abandonaron el grupo poco después de iniciarse los trabajos. Según fuentes cercanas al proceso, su salida respondió a discrepancias sobre el alcance del análisis: mientras ellas defendían que debía centrarse exclusivamente en la temporalidad, otros miembros apostaban por una evaluación más amplia del mercado laboral.
Fuentes conocedoras del proceso subrayan que la salida de la patronal no ha influido en el retraso de la publicación, ya que se produjo al comienzo de los trabajos. La ausencia de CEOE y Cepyme en la fase final dejó una comisión compuesta por representantes del Gobierno, académicos y sindicatos, un esquema similar al de otros grupos consultivos del Ministerio de Trabajo, como el que asesora sobre la evolución del salario mínimo interprofesional.
La normativa también establece que esta evaluación debe repetirse cada dos años. Por tanto, si se hubieran cumplido los plazos previstos, el segundo informe debería publicarse en enero de 2027, dentro de apenas unos meses, pese a que el primero sigue sin ver la luz.
Además, la ley contempla que, si en futuras evaluaciones se concluye que no ha habido avances suficientes en la reducción de la temporalidad, el Gobierno deberá llevar a la mesa de diálogo social nuevas propuestas de reforma para debatir con empresarios y sindicatos posibles medidas adicionales, tanto de carácter general como sectorial.