(El Economista, 18-07-2024) | Laboral
El Gobierno se encuentra en las primeras etapas de negociación con los interlocutores sociales para establecer la reducción de la jornada laboral a 38,5 horas semanales en 2024 y a 37,5 horas en 2025. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha relajado la tensión en las negociaciones con el objetivo de sumar a todas las partes. En este contexto, hay sobre la mesa un texto discutido en dos reuniones entre Trabajo, los sindicatos y los empresarios, centrando el debate en la flexibilidad para aplicar la norma y el control del horario y su cumplimiento. La principal novedad es que Trabajo propondrá aplicar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales durante todo 2025, en lugar de desde el 1 de enero.
La propuesta del Gobierno, que no ha avanzado significativamente en la reunión de esta mañana, incluye cierta flexibilidad para aplicar la reducción de la jornada laboral durante el próximo año y medio, permitiendo una distribución irregular del 10% de la jornada anual para aquellos sectores con necesidades productivas más intermitentes. La desconexión digital también entra en el debate para garantizar que, además de trabajar menos, se eviten los contactos laborales fuera del horario.
Actualmente, la reducción de la jornada se centra en tres elementos: los plazos para incorporar la medida legal en las empresas, con la posibilidad de implementarla gradualmente durante todo 2025; la flexibilidad en la distribución de la jornada anual; y el control y cumplimiento de los horarios, incluyendo el derecho a la desconexión digital.
El Ministerio, buscando alcanzar un acuerdo, está dispuesto a considerar cómo incorporar la flexibilidad para que la medida legal sea menos abrupta, según Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo. Existen margen y fórmulas para hacer la medida más progresiva, contando con el apoyo de los convenios colectivos.
El Gobierno ofrece un aumento de la jornada anual que puede distribuirse de forma irregular, beneficiando a sectores con producción más inconstante. Este porcentaje sería el 10% de las 40 horas semanales en cómputo anual. A cambio, las empresas deberán pactar con los trabajadores la forma de compensar estas horas, ya sea con más días de vacaciones o mayores permisos.
El tercer elemento introducido en las conversaciones es el control y cumplimiento de los horarios y la desconexión digital. "Para que la reducción de la jornada sea eficaz y respete los horarios, debe incorporar el derecho a la desconexión digital. Se trata de trabajar menos y no ser molestado fuera de horario", explicó Pérez Rey.
"Estos elementos los incorporamos al debate sobre el tiempo de trabajo. Son tres piezas clave que constituyen la argamasa que puede dar lugar a un acuerdo cuanto antes", resumió el número dos de Díaz, reflejando un discurso conciliador con la patronal CEOE-Cepyme.
Según Colpisa, la CEOE habría consensuado varias propuestas para los empresarios, incluyendo la exclusión de la reducción de la jornada para altos cargos o directivos. La flexibilidad se mantendría a través de la aplicación modulada del recorte de la jornada en los convenios colectivos, con un margen de hasta tres años.
En la mesa se han planteado los sectores que más lejos están del objetivo, aunque no se ha especificado cómo hacerlo. El aumento de las horas extra se focalizaría en casos con elevado absentismo. Respecto al registro horario, Trabajo reconoce la dificultad de controlar la entrada y salida en determinados puestos, sectores o localizaciones geográficas.
La próxima reunión será el 29 de julio, y la negociación avanza con menos prisa que en encuentros anteriores. Se profundizará en los tres elementos mencionados y se recibirán comentarios específicos de sindicatos y patronal respecto a la propuesta previa. "La tramitación de un anteproyecto de ley puede contar con mecanismos que aceleren su trámite en el Gobierno y en las cámaras legislativas, permitiéndonos acelerar los plazos. No vamos a dejar caer un acuerdo por intentar acelerar unas semanas la aprobación de la norma", concluyó el representante del Gobierno.