(El País, 16-06-2026) | Laboral
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social prevé enviar esta semana más de cien mil comunicaciones, en concreto 113.916, a empresas de los sectores agrario y de la construcción para recordarles su obligación de proteger a los trabajadores frente a las altas temperaturas y garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, además de informar sobre la normativa vigente.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que estas notificaciones forman parte del denominado plan del calor, que se activa cada año. Según ha señalado, no se trata de un mecanismo sancionador, sino informativo, orientado a facilitar el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas.
Estas cartas se enmarcan en el plan aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 9 de junio, cuyo objetivo es intensificar la vigilancia en aquellos sectores en los que los trabajadores están más expuestos a episodios de calor extremo.
La ministra ha detallado que solo en el verano de 2025 la Inspección de Trabajo realizó más de 10.000 actuaciones relacionadas con condiciones ambientales adversas, que dieron lugar a 291 infracciones y sanciones que sumaron en torno a 1,6 millones de euros.
Durante su intervención en el Congreso de Prevención de Riesgos Laborales celebrado en Barcelona, Díaz ha subrayado que trabajar no debería implicar riesgos para la salud o la vida, y ha recordado que en 2025 más de 700 personas fallecieron en accidentes laborales en España.
El Ejecutivo ha declarado 2026 como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, coincidiendo con el 30 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En este contexto, el Gobierno ha pactado con los sindicatos la actualización de la norma, aunque su tramitación parlamentaria se prevé compleja al no contar con una mayoría garantizada en el Congreso.
El plan del Gobierno pretende reforzar la prevención de riesgos laborales incorporando nuevos desafíos, como el impacto de la digitalización y de los sistemas algorítmicos en la organización del trabajo, los cambios demográficos, el efecto del cambio climático, la reducción de la siniestralidad laboral y la mejora en la protección de colectivos especialmente vulnerables, como jóvenes, trabajadores migrantes, personal sociosanitario y empleadas del hogar. También busca integrar de forma más efectiva la perspectiva de género en las políticas de salud laboral.