(El País, 06-06-2025) | Laboral
La aprobación de la ley para reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales se ha complicado notablemente, en gran parte debido a la presión ejercida por las organizaciones empresariales. A pesar de ello, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y su equipo siguen negociando con Junts, el principal escollo para sacar adelante esta medida. Desde el Ministerio de Trabajo no dan la batalla por perdida y, si finalmente la norma no logra salir adelante, ya tienen preparada una alternativa: implementar de forma unilateral, mediante un real decreto y sin necesidad de aprobación parlamentaria, una de las piezas clave del proyecto legislativo, la reforma del registro horario en las empresas.
Este cambio, que puede hacerse mediante un reglamento aprobado en Consejo de Ministros, permitiría reforzar el control de las horas extra no pagadas, que son una práctica extendida en muchas empresas. Además, serviría como herramienta de presión en las negociaciones: las patronales, que se oponen frontalmente tanto a la reducción de jornada como al endurecimiento del registro horario, podrían verse forzadas a aceptar algún tipo de acuerdo si quieren influir en el diseño final de la ley. Si insisten en bloquear la norma a través de su influencia sobre Junts y otros grupos, el Gobierno dejará claro que al menos el registro horario saldrá adelante con o sin su apoyo.
Desde el inicio de la legislatura, Sumar ha defendido que el recorte de la jornada debe ir acompañado de una revisión profunda del sistema de registro horario, instaurado de forma obligatoria desde mayo de 2019. Aunque esta reforma formaba parte del mismo paquete legislativo que la reducción de jornada y el derecho a la desconexión digital, no todas esas medidas necesitan pasar por el Parlamento: el registro puede actualizarse reglamentariamente.
De hecho, en octubre del año pasado, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ya admitía que compartía con UGT la idea de reformar el sistema de registro mediante un reglamento, incluso si la reducción de jornada no era aprobada. Esta vía ha ganado fuerza ante la creciente oposición empresarial, especialmente desde las patronales catalanas, que están presionando para frenar la ley y tienen una fuerte influencia sobre Junts. Aunque en el PSOE hay dudas sobre el éxito de las negociaciones, Yolanda Díaz mantiene la confianza y continúa los contactos con representantes de Junts, incluido Carles Puigdemont.
Desde el Ministerio de Trabajo consideran que la estrategia de las patronales pasa por desacreditar públicamente la reducción de jornada, alertando sobre sus supuestas consecuencias económicas negativas, cuando en realidad su mayor preocupación es que un registro horario más estricto les impida seguir alargando jornadas sin pagar las horas extra. Por eso, el mensaje del Gobierno es firme: el refuerzo del control horario se aplicará sí o sí, con independencia de lo que ocurra en el Congreso con la jornada de 37,5 horas.
En paralelo a las negociaciones parlamentarias, el Ejecutivo ya está elaborando el nuevo reglamento que detallará cómo debe llevarse a cabo este control horario. Entre los principales cambios, se exigirá que cada trabajador registre personalmente sus horas de entrada y salida, sin que pueda hacerlo un responsable o compañero. Además, el sistema deberá ser digital y contar con verificación de identidad.
Los empleados también tendrán que indicar si las horas han sido efectivamente trabajadas o si han estado simplemente disponibles, así como si se trata de tiempo ordinario o extraordinario. Se establecerán nuevas obligaciones para garantizar el control: las representaciones legales de los trabajadores deberán tener acceso a los registros de forma periódica o participar en cualquier modificación de los mismos, lo que implicará un acceso electrónico seguro, con mecanismos como sellos de tiempo para garantizar su autenticidad.
Asimismo, las empresas deberán asegurar el acceso inmediato y remoto a estos registros tanto para los trabajadores como para sus representantes sindicales y la Inspección de Trabajo. Esta reforma se apoyará en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que habilita al Gobierno para regular el registro horario mediante reglamentos, así como en sentencias tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Supremo español que han perfilado los requisitos legales de este tipo de controles.