(El Economista, 07-05-2026) | Laboral
El tiempo medio necesario para reconocer las prestaciones por desempleo se situó en marzo en 2,25 días, lo que supone una reducción del 13% respecto al mismo mes del año anterior. Aun así, este plazo continúa siendo muy superior al registrado en ejercicios anteriores: un 94% más elevado que los 1,24 días anotados en marzo de 2024 y un 110% por encima del mínimo histórico alcanzado en marzo de 2020, cuando el trámite apenas requería 1,06 días.
El principal motivo de este incremento se encuentra en la reforma de los subsidios por desempleo que entró en vigor a finales de 2024. Según los sindicatos, los cambios introducidos provocaron un auténtico colapso en las oficinas de empleo. La nueva normativa incorporó procedimientos más complejos, entre ellos la transformación del subsidio en un complemento de apoyo al empleo compatible con la actividad laboral, además de problemas derivados del sistema informático de gestión, cuya normalización parece comenzar ahora.
Aunque la situación empieza a mejorar, todavía queda lejos de los niveles previos a la reforma. Entre diciembre de 2024, cuando el plazo medio era de 1,61 días, y enero de 2026, mes en el que alcanzó los 3,68 días, se acumularon catorce meses consecutivos de aumentos interanuales. Esta tendencia sólo comenzó a revertirse a partir de febrero de este año.
La evolución registrada en 2025 rompió así la mejora observada durante los tres ejercicios anteriores posteriores a la pandemia, una etapa en la que la gestión de los ERTE y varios ciberataques pusieron en serias dificultades el funcionamiento del SEPE.
Los plazos de reconocimiento presentan habitualmente una elevada volatilidad mensual debido a la estacionalidad del mercado laboral. Sin embargo, al comparar los datos de marzo a lo largo de toda la serie histórica, la tendencia resulta más evidente: para encontrar registros peores que los de 2025 habría que remontarse a 2021 y 2022. Además, este deterioro resulta difícil de justificar únicamente por factores económicos, ya que incluso durante la Gran Recesión el aumento del desempleo vino acompañado de una reducción significativa en los tiempos de tramitación.
La reorganización del antiguo Inem a comienzos de siglo -tras completarse el traspaso de competencias de políticas activas a las comunidades autónomas- junto con la progresiva digitalización de los servicios permitió acelerar notablemente la gestión de prestaciones. Entre marzo de 2004 y marzo de 2010, el plazo medio pasó de 15 días a tan solo 3. Posteriormente, entre 2014 y 2020, coincidiendo con la recuperación económica tras la crisis financiera, ningún mes de marzo superó los dos días de demora.
El mínimo histórico se alcanzó precisamente en marzo de 2020, con apenas un día de plazo medio, justo antes de que el Gobierno aprobara los ERTE para amortiguar el impacto laboral de los confinamientos derivados de la pandemia. Un año más tarde, ese periodo se había disparado hasta los 5,7 días, lo que suponía un incremento del 420%. Aunque en los ejercicios posteriores volvió a reducirse de forma importante, la situación volvió a empeorar en 2025.
De hecho, el aumento interanual registrado entonces fue el segundo mayor de toda la serie histórica, con una subida del 108%. Por ello, el descenso del 13% registrado en marzo deberá intensificarse considerablemente en los próximos meses si se quiere recuperar la normalidad previa.