(El Economista, 02-06-2026) | Laboral
El Gobierno ha introducido cambios en la normativa apenas un año después de aprobar una reforma destinada a mejorar la compatibilidad entre la jubilación y el empleo, con el objetivo de facilitar la jubilación flexible a quienes ya se han retirado pero desean reincorporarse parcialmente al mercado laboral. La medida responde a una reivindicación del colectivo de pensionistas, que denuncia la rigidez del sistema y las dificultades añadidas para volver a trabajar. Un indicador del Ministerio de Trabajo refleja la dimensión del fenómeno: en 2025, los servicios públicos registraron una media mensual de 267.692 personas clasificadas como "jubilados y pensionistas" inscritas como demandantes de empleo, un 7,3% más que un año antes.
Estas personas no se contabilizan como parados registrados, pero si se incluyeran, el número medio de desempleados del Servicio Público de Empleo Estatal (2,47 millones en el último ejercicio) aumentaría un 10,8%, el porcentaje más elevado de toda la serie histórica.
El anuario estadístico del ministerio dirigido por Yolanda Díaz ofrece cifras muy superiores a las de la Encuesta de Población Activa, que solo recoge 31.900 parados mayores de 65 años. Esta diferencia se explica por los criterios estadísticos utilizados por las distintas fuentes. En el caso del Ministerio de Trabajo, la categoría de "jubilados y pensionistas" incluye no solo a personas ya retiradas que buscan volver a trabajar, sino también a mayores de 65 años y a beneficiarios de pensiones de incapacidad con grado elevado, que se inscriben como demandantes de empleo para poder acceder a contratos bonificados o a recursos de centros especiales de empleo, aunque ello implique la suspensión de su pensión.
El volumen de estos contratos se ha mantenido relativamente estable en torno a los 35.000, pese a los cambios normativos recientes, lo que dificulta atribuir directamente a este colectivo el aumento del número de inscritos en los registros de empleo. Además, no todos los beneficiarios son pensionistas de jubilación, lo que añade complejidad a la interpretación de los datos.
La diferencia entre las cifras de la EPA y las del Ministerio también responde a criterios metodológicos: la EPA clasifica a muchos pensionistas mayores como población inactiva, aunque estén disponibles para trabajar, mientras que los servicios públicos de empleo excluyen a determinados demandantes que no alcanzan la edad legal de jubilación ordinaria.
Otra parte del fenómeno se explica por la evolución de la jubilación anticipada y la necesidad de algunos pensionistas de complementar sus ingresos, especialmente tras el endurecimiento de los coeficientes reductores. En este contexto, la jubilación flexible permite a quienes ya han abandonado el mercado laboral reincorporarse de forma parcial, una figura distinta de la jubilación activa o parcial, en la que se compatibiliza el empleo con una pensión sin haber cesado previamente la actividad.
La reforma reciente busca precisamente incentivar este modelo, eliminando restricciones como el periodo mínimo de espera de un año para volver a trabajar y facilitando la compatibilidad con el trabajo por cuenta propia. Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo la dificultad de acceso al empleo.
El análisis de la serie histórica del Ministerio de Trabajo muestra tres etapas en la evolución de este colectivo. Antes de la crisis de 2008, su presencia era marginal; a partir de entonces aumenta de forma significativa debido a la destrucción de empleo, con muchos trabajadores jubilados de forma anticipada que vuelven a buscar oportunidades laborales.
Aunque el número absoluto creció, su peso sobre el desempleo se mantuvo en torno al 3%. Este indicador mide qué parte adicional supondrían estos demandantes si se incluyeran en las cifras oficiales de paro, pese a que la normativa de 1985 los excluye de esa categoría. Desde 2015, con la reducción general del paro, este colectivo no disminuye al mismo ritmo, lo que incrementa su peso relativo. A partir de 2018 la tendencia se intensifica, con un aumento tanto en términos absolutos como en su impacto relativo sobre el desempleo.
Durante la pandemia, en 2020 y 2021, se alcanzaron picos de entre 234.000 y 289.000 demandantes mensuales, un fenómeno asociado tanto a dificultades laborales de pensionistas como de personas con discapacidad. En ese periodo, el impacto sobre el paro llegó al 8,1%. Tras un ajuste en 2022, la cifra volvió a crecer, situándose en 2025 en niveles muy elevados: el segundo registro más alto de la serie en términos absolutos y el máximo en peso relativo. De aplicarse su inclusión, el número de desempleados aumentaría en torno a un 11%, según los cálculos derivados de estos datos.