(El País, 11-12-2025) | Laboral
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este miércoles que su departamento remitirá a la Fiscalía la actuación de la Generalitat Valenciana por haber revocado una sanción impuesta por la Inspección de Trabajo a una Unión Temporal de Empresas (UTE). La sanción estaba relacionada con la tragedia ocurrida durante la dana del 29 de octubre del año pasado, cuando un trabajador murió después de ser obligado a trabajar en esas condiciones, según explicó la vicepresidenta segunda.
Díaz comenzó su intervención leyendo declaraciones de la madre del fallecido publicadas en Las Provincias. "El trabajo de mi hijo consistía en revisar puentes para detectar deficiencias y que otros las repararan. No tenía por qué estar en la carretera ese día; lo mandaron a la muerte", afirma la madre de Luis Ángel Sáiz Rodríguez, fallecido el 29 de octubre. El medio señala que ha presentado una querella criminal para exigir responsabilidades penales a la UTE empleadora.
Tras estas palabras, Díaz recalcó que "la empresa concesionaria le obligó a trabajar en plena alerta roja, fuera de su horario, poniendo en riesgo su vida". "Falleció de camino a casa porque alguien decidió que la productividad valía más que su integridad, que su vida", añadió.
"La Inspección de Trabajo actuó. ¿Y qué hicieron el señor Mazón y el PP en Valencia? A pesar de que la Inspección levantó acta, la anularon", denunció Díaz, antes de anunciar la reacción de su ministerio: "Vamos a acudir a la Fiscalía, aunque hayan revocado el acta de infracción. ¿Piensan, señorías del PP, que cuando actúa la Inspección de Trabajo un cargo político puede llegar después y dejar sin efecto un acta tras la muerte de un trabajador? Eso no es respetar las instituciones. Es corrupción política y moral".
El Ministerio de Trabajo precisa que la anulación de la sanción fue decidida por la Dirección General de Trabajo de la Generalitat Valenciana, que argumenta que no puede atribuirse responsabilidad al empresario cuando el accidente deriva de una fuerza mayor. El Ministerio rebate este planteamiento, al sostener que una catástrofe como la dana no exime del cumplimiento de las obligaciones preventivas. La tormenta dejó 229 víctimas mortales en Valencia, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía.
El anuncio de Díaz se produjo como parte de su réplica en el Congreso a la portavoz del PP, Ester Muñoz, durante la sesión de control al Gobierno. La ministra presentó este caso como ejemplo de "deterioro institucional", después de que Muñoz la acusara de lo mismo por continuar en el Ejecutivo pese a los supuestos casos de corrupción y acoso sexual vinculados al PSOE.
"Señora vicepresidenta, ¿cómo puede soportar el hedor nauseabundo que la rodea? ¿Qué más tiene que ocurrir para que abandone el Gobierno?", le espetó Muñoz, acusándola de "priorizar el cálculo político sobre las víctimas". Añadió además que "la hipocresía es el precio que paga por su piso oficial", aludiendo a unas declaraciones de José Luis Ábalos antes de ingresar en prisión, donde cuestionaba el uso de dicho inmueble. Díaz negó tales acusaciones y defendió la total legalidad de su situación.
Antes de anticipar su denuncia ante la Fiscalía, la titular de Trabajo respondió a Muñoz asegurando que condena el machismo "venga de donde venga" y reprochó al PP que no respalde las iniciativas del Gobierno destinadas a combatir la corrupción.