(Expansión, 16-09-2025) | Laboral
El Ministerio de Trabajo descarta aumentar las sanciones, pero confirma que el nuevo reglamento obligará a implantar sistemas digitales de control horario con acceso garantizado para la Inspección de Trabajo, que podrá actuar de oficio. Además, el Ejecutivo no cierra la puerta a habilitar ayudas para que los pequeños negocios puedan digitalizarse.
Tras el rechazo en el Congreso a la ley estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz -con los votos en contra de PP, Vox y Junts-, Trabajo ha pasado a la ofensiva para impulsar por otras vías la reducción del tiempo de trabajo. Apenas un día después del revés parlamentario, el ministerio puso en audiencia pública el proyecto de real decreto que desarrolla el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores en materia de registro de jornada.
Aunque el documento publicado es solo una memoria justificativa, fuentes del departamento aseguran a Expansión que el articulado definitivo incluirá dos novedades clave: la obligación de que el registro horario sea digital y la creación de una interfaz que permita a la Inspección acceder directamente a los datos. Con estas medidas se busca dar cumplimiento a las exigencias del Tribunal de Justicia de la UE y reforzar lo establecido en el real decreto de 2019 que impuso el registro obligatorio.
El Gobierno espera que este refuerzo tenga un efecto real en la reducción de las jornadas laborales, especialmente en el control de las horas extra. "Un sistema inalterable y verificable hará que se reduzca el tiempo efectivo de trabajo", explican desde el ministerio. En Trabajo consideran que el incumplimiento en materia de jornada es "muy elevado" en las empresas españolas y atribuyen el problema, en parte, a la falta de un reglamento detallado sobre cómo debe contabilizarse el tiempo trabajado.
No obstante, el uso del real decreto tiene limitaciones: permite al Ejecutivo avanzar sin pasar por el Parlamento, pero también le impide endurecer las sanciones. La ley de reducción de jornada que fracasó preveía multas de hasta 10.000 euros por trabajador afectado en caso de incumplimiento, algo que no podrá recogerse en el nuevo reglamento. El ministerio tampoco convocará a patronal y sindicatos para negociar este aspecto, ya que forma parte de los elementos que ya se debatieron en el marco de la negociación sobre la reducción de jornada.
La Inspección de Trabajo será la pieza clave del nuevo sistema. El reglamento prevé que los registros digitales incluyan una interfaz interoperable a la que los inspectores puedan acceder directamente. El Gobierno sostiene que no será necesario ampliar plantilla, pese al aumento de carga de trabajo, ya que recientemente se ha reforzado el organismo con un incremento presupuestario superior al 50% y con la previsión de incorporar 500 nuevos empleados a través de la última oferta pública de empleo.
En cuanto al impacto sobre las empresas, aunque el decreto no prevé ayudas económicas específicas, el Ejecutivo no descarta aprobar medidas complementarias para facilitar la digitalización de pymes y pequeños negocios. Sin embargo, en Trabajo dan por hecho que la CEOE recurrirá el reglamento en los tribunales, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.
Pese a que la tramitación no dependerá del Parlamento, la implantación del nuevo registro no será inmediata. El proceso de aprobación del decreto llevará al menos entre cuatro y cinco meses. A diferencia de la ley de reducción de jornada, en este caso no se prevé que surjan discrepancias con el Ministerio de Economía dentro del propio Gobierno.