(El Economista, 10-09-2025) | Laboral
El rechazo del Congreso a la propuesta del Gobierno para reducir la jornada laboral en 2,5 horas no supone el cierre definitivo del debate para el Ministerio de Trabajo. En los días previos, la vicepresidenta segunda ya había anticipado el veto de Junts y trazado los próximos pasos a seguir a partir de este miércoles. Su plan es volver a llevar al Consejo de Ministros el acuerdo firmado con los sindicatos en diciembre para remitirlo de nuevo a la Cámara Baja.
Sin embargo, conscientes de que la tramitación parlamentaria podría volver a complicarse y alargar el debate durante meses, el Ministerio prevé avanzar por la vía reglamentaria en algunos aspectos relacionados con el registro horario. Este punto ha sido reclamado de forma insistente por CCOO y UGT, que no entienden por qué la mejora de la norma de 2019 debía ligarse a la reducción de la jornada. No obstante, esta vía solo permite imponer que el control horario sea digital, sin posibilidad de endurecer las sanciones por incumplimiento, algo que requeriría la aprobación del Congreso. Solo con el aval parlamentario podría, por ejemplo, elevarse la cuantía máxima de las multas o establecer que estas se calculen por cada trabajador afectado en lugar de por empresa, como ocurre ahora.
A corto plazo, el Ministerio de Trabajo también prevé reunir a la Comisión de Expertos del SMI para que elaboren una recomendación que garantice que este se mantenga en el 60% del salario medio, un objetivo alcanzado en 2023. Este será el primer paso para la elaboración del informe que servirá de base a la propuesta de actualización del salario mínimo, en un proceso de diálogo con patronal y sindicatos.
Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, ha pedido que la primera reunión se celebre la próxima semana. Los sindicatos defienden que la subida del próximo año debe situarse por encima de la inflación (2,7% en agosto), aunque aún no han concretado la cifra que plantearán. Habitualmente, toman como referencia el incremento salarial pactado en convenios (superior al 3%), aunque UGT quiere añadir el coste de la vivienda como factor a considerar en la fijación del SMI. Actualmente, la remuneración mínima está en 1.184 euros mensuales en 14 pagas desde enero de 2025, lo que hace prever que con la próxima subida se superarán los 1.200 euros. Las patronales, por su parte, suelen apoyarse en el porcentaje pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), aunque para 2026 no existe consenso.
En paralelo, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa ha respaldado las denuncias de CCOO y UGT, al considerar que la indemnización por despido improcedente en España -33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades- no compensa adecuadamente el daño causado al trabajador. Pese a ello, el Tribunal Supremo rechazó la posibilidad de establecer indemnizaciones adicionales, lo que ha llevado al Ministerio de Trabajo a comprometerse con una reforma legal para introducir un sistema más flexible, conocido como "despido a la carta".
No obstante, este proyecto tendrá que esperar. El Gobierno lo ha pospuesto hasta resolver la negociación sobre la reducción de la jornada -que sigue abierta- y hasta aprobar el Estatuto del Becario, acordado con los sindicatos antes de las elecciones de julio de 2023 pero aún pendiente de pasar por el Consejo de Ministros. Por ello, la mesa de diálogo social que abordará estas reformas no se constituiría antes de 2026.
El acuerdo de coalición con el PSOE ya incluía el compromiso de adaptar la regulación del despido a la Carta Social Europea, que sirvió de base a las resoluciones del CEDS. Sin embargo, no hay consenso dentro del Ejecutivo sobre si la cuantía de la indemnización debería ajustarse en función de las circunstancias personales del trabajador -como tener hipoteca, hijos a cargo o una determinada edad-, factores que pueden influir en sus posibilidades de reincorporarse al mercado laboral.