(Expansión, 14-01-2026) | Fiscal
La idea de una privacidad financiera total ha perdido vigencia ante la actual capacidad técnica de la Administración. La figura clásica del inspector revisando documentos en papel ha sido sustituida por un modelo mucho más avanzado. Hoy, la Agencia Estatal de Administración Tributaria funciona con métodos similares a los de una gran empresa tecnológica, apoyándose en el tratamiento masivo de información y en un marco legal exigente. Gracias a ello, dispone de un entramado digital que permite relacionar el DNI de cualquier persona con su entorno cercano: socios, pareja, personas con las que convive o incluso quienes actúan como avalistas.
En el enfoque actual del control fiscal, la atención ya no se limita únicamente al volumen de ingresos. Cada vez adquiere mayor importancia el conjunto de vínculos personales, económicos y patrimoniales que rodean al contribuyente. Para entender cómo la Administración construye este entramado relacional es necesario remitirse a su base legal, especialmente a la Ley General Tributaria. En concreto, el artículo 93 establece el deber de suministro de información.
Dicho artículo impone a cualquier persona física o jurídica la obligación de facilitar datos con relevancia tributaria. De este modo, entidades financieras, notarios, compañías de suministros y empleadores pasan a formar parte del sistema como colaboradores obligatorios. No se trata de una vigilancia discrecional, sino de un proceso automatizado impuesto por la normativa. Cuando una persona abre una cuenta bancaria compartida o autoriza a un familiar, la entidad financiera comunica esa información sin necesidad de consentimiento expreso, ya que así lo exige el Reglamento General de gestión e inspección tributaria aprobado por el RD 1065/2007. De esta forma, el vínculo económico queda incorporado a las bases de datos públicas.
En el ámbito de las relaciones comerciales, el análisis resulta más complejo que en el familiar, pero la Administración dispone de instrumentos específicos, entre ellos el Modelo 347. Cada año, en el mes de febrero, empresas y profesionales presentan la declaración anual de operaciones con terceros, en la que deben incluir todas aquellas transacciones que superen los 3.005,06 euros anuales. Esta declaración permite identificar conexiones económicas relevantes entre distintas entidades o personas.
Cuando una empresa declara un pago y la contraparte confirma el ingreso, la relación queda validada. No obstante, la utilidad del modelo va más allá del simple contraste de importes. Sirve para detectar esquemas de facturación ficticia o redes de fraude en el IVA. Si uno de los intervinientes es catalogado como sujeto de riesgo, las empresas relacionadas con él pueden ver incrementado su perfil de riesgo por la vinculación comercial existente.
En cuanto a la residencia efectiva de las personas, es errónea la creencia de que la Administración ignora quién vive realmente en un inmueble si no hay contrato de alquiler declarado. En la práctica, la Agencia Tributaria cruza los datos catastrales con la información sobre consumos de electricidad y agua, obtenida mediante convenios con las compañías suministradoras.
Cuando una vivienda declarada como desocupada muestra consumos propios de un uso habitual, el sistema genera avisos automáticos. El análisis se completa comparando esos datos con la información del padrón municipal y los titulares de los contratos de suministros, lo que permite deducir la existencia de unidades de convivencia no formalizadas. La cohabitación se infiere no por observación directa, sino por el uso simultáneo de recursos en un mismo domicilio fiscal.
Las operaciones patrimoniales de mayor trascendencia, como matrimonios, herencias, compraventas inmobiliarias o constitución de sociedades, requieren intervención notarial. Toda esa información se canaliza a través del Índice Único Notarial, que remite los datos de las escrituras a la Administración.
Gracias a este sistema, la Agencia Tributaria puede detectar con gran rapidez la creación de sociedades instrumentales o patrimoniales. Si una empresa se constituye con un socio que, a su vez, dirige otra sociedad con deudas fiscales, los sistemas de análisis de riesgos establecen la conexión. La normativa de prevención del fraude ha reforzado estos mecanismos, facilitando la identificación del titular real de los bienes y dificultando el uso de intermediarios para ocultar el control efectivo.
Más allá de las normas, el gran salto en eficiencia de la Agencia Tributaria proviene del uso intensivo de la tecnología. Los distintos Planes de Control Tributario han consolidado la aplicación de técnicas de Big Data para el estudio de redes complejas, transformando profundamente la investigación del fraude.
En los últimos planes anuales publicados en el BOE, la Dirección General de la Agencia Tributaria ha reconocido de forma expresa el empleo de técnicas de análisis de redes, entendidas como el examen masivo de datos interconectados. Los sistemas informáticos buscan patrones anómalos dentro de esas estructuras.
Un caso típico es el de una persona con ingresos muy reducidos o ya jubilada que aparece de repente como administradora de varias sociedades con elevados volúmenes de negocio y conexiones con territorios de baja tributación. Ese tipo de configuración relacional activa alertas automáticas, permitiendo a los inspectores focalizar sus actuaciones y optimizar los recursos de investigación.