(El País, 23-10-2026) | Laboral
Los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han negado que la huelga general convocada para el 11 de noviembre tenga como objetivo condicionar el voto en las elecciones generales del día 29. No obstante, ambos dirigentes sindicales quieren que la movilización contribuya a situar la vivienda, los salarios y los derechos laborales en el centro del debate electoral. También han advertido de que un eventual Gobierno del PP y Vox podría revertir algunas de las mejoras laborales aprobadas durante los últimos años y reducir la protección social.
Durante un desayuno informativo organizado por RTVE y la agencia Efe, Sordo defendió que la finalidad de la convocatoria es incorporar a la agenda pública los problemas que afectan a la calidad de vida de los trabajadores. Por su parte, Álvarez sostuvo que los ciudadanos deben conocer antes de votar si se mantendrá el modelo laboral desarrollado durante los últimos años. El secretario general de UGT advirtió de que, en su opinión, un Ejecutivo que siguiera las posiciones de Vox podría impulsar medidas como el despido libre y gratuito y una reducción de los derechos laborales.
Álvarez también cuestionó que un futuro Gobierno de PP y Vox mantuviera las subidas del salario mínimo interprofesional si no existiera un acuerdo previo entre sindicatos y empresarios. Los dos sindicatos reclaman un incremento del 7% para 2027 y recuerdan que el SMI ha aumentado un 66% desde 2019 bajo los gobiernos de coalición progresistas.
Sordo, por su parte, señaló que entre las empresas empieza a existir preocupación por la evolución favorable del empleo y de la economía, aunque reconoció que persiste el problema de los salarios bajos. A su juicio, una situación próxima al pleno empleo reforzaría la capacidad de negociación de los trabajadores para reclamar mejores retribuciones y condiciones laborales. El dirigente de CC OO considera que un Ejecutivo de derechas podría responder a este escenario reduciendo las prestaciones y ayudas sociales, al entender que una protección más amplia puede desincentivar la incorporación al mercado laboral.
Ambos responsables sindicales rechazaron que la convocatoria de la huelga responda a la presión del Sindicato de Inquilinas o al adelanto electoral. Aseguraron que ya contemplaban movilizaciones contra las posiciones empresariales antes de conocerse la fecha de los comicios. Álvarez explicó que los sindicatos han detectado un creciente malestar social por los problemas de acceso a la vivienda y los salarios, y que han decidido canalizar ambas preocupaciones mediante una movilización conjunta.
Sordo reconoció que se trata de una huelga general atípica, puesto que no se dirige contra una decisión concreta del Gobierno que perjudique a los trabajadores. Los sindicatos esperan una participación laboral significativa, pero conceden especial importancia a las manifestaciones que se celebrarán por la tarde en las capitales de provincia. El secretario general de CC OO señaló que el periodo de mayor actividad de las protestas podría concentrarse entre las siete y las diez de la noche, en lugar de limitarse a las primeras horas de la jornada, como ha sucedido en otras convocatorias.
Entre los objetivos de la movilización, Sordo destacó la aprobación de los decretos relacionados con la vivienda y la necesidad de modificar la percepción social sobre este problema. Los sindicatos consideran que las dificultades para acceder a una vivienda y la evolución de los salarios están estrechamente relacionadas y deben recibir una atención prioritaria durante la campaña electoral.
Las pensiones también figuran entre los asuntos que CC OO y UGT quieren incorporar al debate. Sordo rechazó las advertencias sobre un posible colapso del sistema público y defendió que su sostenibilidad dependerá de las decisiones políticas y de los recursos que la sociedad esté dispuesta a destinarle. En este sentido, planteó que el gasto en pensiones, actualmente equivalente al 13,1% del PIB, podría situarse en una media del 15% hasta 2050, un esfuerzo que considera asumible.
El dirigente sindical también criticó el modelo mixto de pensiones planteado por Vox, al considerar que podría reducir las prestaciones públicas en un 30% y aumentar las diferencias entre quienes pueden complementar su jubilación con ahorro privado y quienes dependen exclusivamente de la pensión pública. A su juicio, este cambio sustituiría la estabilidad del sistema público por una mayor exposición a la incertidumbre de los mercados financieros.
Los dos dirigentes hicieron una valoración favorable de la gestión de los últimos gobiernos de coalición progresistas, aunque les reprocharon una falta de iniciativa en determinadas materias. Entre sus críticas mencionaron el retraso en la aprobación de medidas para impedir que las subidas del salario mínimo queden neutralizadas por la compensación y absorción de determinados complementos salariales, así como el endurecimiento de las normas sobre el registro horario. Según los sindicatos, estas iniciativas podrían haberse aprobado mediante el Consejo de Ministros sin necesidad de contar con una mayoría parlamentaria.
Por último, Sordo y Álvarez criticaron las declaraciones realizadas por el presidente argentino, Javier Milei, durante su visita a España. El secretario general de CC OO le atribuyó posiciones que, a su juicio, representan una corriente política que puede debilitar los marcos constitucionales y aumentar la confrontación internacional. Álvarez coincidió en sus críticas y afirmó que las posiciones de la derecha ultraliberal pueden desviar la atención de los cambios económicos y sociales que se están produciendo, especialmente del impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo y las condiciones de vida.