(El Confidencial, 06-05-2026) | Laboral
España arrastra un problema estructural de desempleo incluso en fases de crecimiento económico. En el primer trimestre de 2026, el número de parados se situó en 2,7 millones, de los cuales un 35% llevaba en esa situación durante largos periodos. Además, la tasa de paro apenas desciende del 10% incluso en los momentos más favorables del ciclo, pese al dinamismo del mercado laboral tras la pandemia. La última reforma impulsada en 2024 para abordar esta situación -y vinculada a la recepción de fondos europeos- no ha dado los resultados esperados, según reconocen fuentes internas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
La medida principal de esta reforma, el complemento de apoyo al empleo (CAE), no ha conseguido aumentar de forma significativa el número de desempleados que compatibilizan el cobro de prestaciones con la incorporación a un trabajo. Ante esta situación, el SEPE ha solicitado asesoramiento a la OCDE y a la Comisión Europea para analizar posibles mejoras. Tras varios encuentros en los que han participado el Ministerio de Trabajo, el propio SEPE y los agentes sociales, la OCDE prevé publicar un informe con recomendaciones entre octubre y noviembre, momento en el que el Gobierno valorará si introduce cambios.
La aprobación de una nueva reforma no será sencilla, dado el complicado equilibrio político necesario en el Congreso y dentro del propio Ejecutivo. El acuerdo alcanzado en 2024, tras tensiones entre los ministerios de Economía y Trabajo, incluyó la puesta en marcha del CAE, el aumento de las cuantías del subsidio -aunque de forma decreciente- y la ampliación de la cobertura a colectivos antes excluidos.
El CAE permite compatibilizar el cobro de prestaciones o subsidios con un empleo, tanto a tiempo completo como parcial, con el objetivo de evitar que los beneficiarios rechacen ofertas laborales. Sin embargo, su diseño presenta limitaciones. Solo puede aplicarse a partir del décimo mes de prestación contributiva -si esta supera el año-, cuando precisamente la reincorporación al mercado laboral ya resulta más difícil. Antes de la reforma, esta compatibilidad solo existía para quienes cobraban subsidios y trabajaban a tiempo parcial.
Además, la cuantía del complemento -calculada en función del IPREM, congelado desde 2023- es decreciente y tiene una duración máxima de 180 días. A esto se suma que cada día en el que se utiliza el complemento resta un día de derecho a prestación, lo que reduce su atractivo.
Estas condiciones generan varios problemas. Por un lado, el retraso en su aplicación limita su eficacia. Por otro, en muchos casos la suma del salario y el complemento resulta inferior a la prestación, lo que, unido a la pérdida de días de derecho, desincentiva la aceptación de empleo.
La OCDE ya había advertido en un informe de noviembre de 2025 de la necesidad de reformar el sistema de subsidios, especialmente en el caso de los mayores de 52 años, que pueden percibir ayudas de forma indefinida hasta la jubilación y cotizan por encima de lo que lo harían en empleos de bajos salarios. Entre sus recomendaciones figuraban restringir estas condiciones, endurecer los requisitos de acceso, acortar la duración de las ayudas y reforzar la obligación de búsqueda activa de empleo.
A la espera del informe definitivo, se manejan algunas propuestas preliminares, como reducir la duración de los subsidios pero aumentar su cuantía mensual para facilitar la transición al empleo. También se estudian modelos aplicados en países como Francia, Países Bajos o Noruega. No obstante, los sindicatos rechazan medidas que penalicen a quienes no acepten ofertas laborales mientras las políticas activas de empleo sigan siendo poco eficaces, ya que los servicios públicos apenas logran insertar a los desempleados.
Los datos más recientes reflejan el escaso impacto del CAE. En marzo de 2026, solo el 2,3% de los beneficiarios de prestaciones compatibilizaban el cobro con un empleo, frente al máximo del 5% alcanzado en noviembre de 2025. Desde su puesta en marcha a finales de 2024, apenas 40.857 personas han utilizado este complemento, frente a una media de 1,65 millones de perceptores de prestaciones. La mayoría de quienes lo utilizan pertenecen al nivel asistencial, donde las ayudas mensuales -entre 480 y 570 euros- hacen más necesario complementar ingresos.