(El Economista, 27-05-2025) | Laboral
En los últimos años, la Seguridad Social ha introducido diversas reformas con el objetivo de fomentar el ahorro privado como complemento a las pensiones públicas. La modificación más reciente en este ámbito se produjo en 2022, cuando se actualizó el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones para desarrollar con mayor claridad la previsión social complementaria y dar impulso a los planes de pensiones de empleo. Hasta la fecha, el único plan que realmente ha tomado impulso tras esta reforma ha sido el del sector de la construcción, acordado en enero de 2024.
No obstante, los datos más recientes revelan que la implantación de estos mecanismos en España sigue siendo limitada. Según el informe Situación de las pensiones en España de la consultora KPMG, el ahorro acumulado en planes de empleo representa menos del 1% de la masa salarial y apenas cubre al 10% de los trabajadores.
En el resto de Europa, la cobertura de estos complementos de pensión varía significativamente, situándose entre el 25% y el 90% de los empleados, dependiendo de si los sistemas son obligatorios por ley o fruto de la negociación colectiva. Entre los principales obstáculos para el desarrollo de los planes de pensiones de empleo en España, el investigador de Fedea, Miguel Ángel García, señala tres factores: la alta tasa de reposición de las pensiones públicas, los sueldos medios relativamente bajos y los escasos incentivos fiscales.
La tasa de reposición -esto es, el porcentaje del último salario que representa la pensión de jubilación- se sitúa en España en un 81%, según Eurostat, solo por detrás de Grecia. En comparación, el promedio europeo es del 61% y, en el caso de la OCDE, se reduce al 42% para un trabajador con ingresos medios, considerando solo las pensiones públicas.
Para reforzar lo que se denomina el segundo pilar de la jubilación -los sistemas promovidos por las empresas-, el abogado de Mercer y miembro de OCOPEN, Antonio Méndez Baiges, subraya que no basta con aumentar el número de planes o los empleados que participan en ellos. También es esencial que las aportaciones a estos esquemas sean adecuadas. Según sus palabras: "Se necesita más planes, más partícipes y mayores aportaciones".
En paralelo, las aportaciones a los planes individuales han ido disminuyendo progresivamente. Este retroceso se aceleró tras la decisión de reducir el límite de aportación anual a 1.500 euros, con la intención de fomentar el desarrollo de sistemas colectivos. Como resultado, entre 2021 y 2022 estas aportaciones se redujeron un 34%, y en 2023 la caída fue del 9%. A finales de 2024, los niveles se mantuvieron prácticamente estables.
Por el contrario, en 2024 los sistemas de empleo crecieron un 24% respecto a los individuales, impulsados por la puesta en marcha del plan sectorial de la construcción y el aumento de planes simplificados dirigidos a autónomos. Otro aspecto destacado por el informe es cómo el tamaño de los planes influye en su rentabilidad y eficiencia en costes. Para resolver esta situación, KPMG recomienda que el Gobierno fomente los Fondos de Pensiones de Empleo de Promoción Pública (FPEPP). Sin embargo, este objetivo parece aún lejano: los cinco supervisores designados por el Ejecutivo para controlar estos fondos dimitieron en bloque, al no haberse adherido ningún plan más de un año después de su creación.
En conjunto, el patrimonio destinado al ahorro previsional en España sigue estando muy por debajo del promedio de la OCDE. A finales de 2022, el ahorro privado representaba el 11,8% del PIB. Además, de acuerdo con los datos de Inverco, los activos gestionados por los planes de pensiones al cierre de 2024 ascendieron a 131.833 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,7% interanual. Esta cifra equivale aproximadamente al gasto anual de la Seguridad Social en pensiones de jubilación.