(Expansión, 04-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo
Óscar Puente ha anunciado su dimisión como ministro de Transportes después de varios días de presión política por el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), el segundo siniestro de estas características registrado en la alta velocidad española en lo que va de año. La decisión la comunicó al término de una extensa comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, en la que tuvo que dar explicaciones sobre los problemas de seguridad que rodearon la tragedia. Puente justificó su salida señalando que un responsable de Transportes no puede continuar en el cargo después de dos accidentes de esta gravedad en menos de doce meses. También renunciará a encabezar la candidatura del PSOE por Valladolid.
La dimisión ha resultado especialmente inesperada porque, horas antes, fuentes de Moncloa habían descartado tanto la posibilidad de que el ministro abandonara voluntariamente el Gobierno como que Pedro Sánchez decidiera cesarlo. Según explicó el propio Puente, comunicó su decisión al presidente apenas unos minutos antes de hacerla pública en el Congreso. El ya exministro aseguró que su salida responde a razones de responsabilidad política, coherencia y solidaridad con las víctimas, además de considerar que debía estar a la altura de la trayectoria de quienes le precedieron en el cargo. Sánchez, por su parte, elogió su actuación y afirmó que los políticos que asumen sus responsabilidades y dan un paso al lado contribuyen a dignificar la vida pública.
La marcha de Puente abre ahora un nuevo escenario en el Ministerio de Transportes, que deberá contar con un responsable interino durante las semanas previas a la constitución de las nuevas Cortes, prevista para el 23 de diciembre. La salida del ministro se produce después de que algunas informaciones apuntaran a que ya había trasladado anteriormente al presidente su disposición a dejar el cargo, aunque Sánchez habría rechazado entonces esa posibilidad.
Mientras tanto, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto con medidas de apoyo económico para las personas afectadas por el accidente. Las indemnizaciones previstas duplicarán las cuantías establecidas en el seguro obligatorio de viajeros. En el caso de las 69 víctimas mortales, la compensación máxima se situará en torno a los 216.000 euros, a los que se añadirán ayudas complementarias de 72.000 euros, elevando la cantidad total hasta aproximadamente 288.000 euros por fallecimiento. La norma también establece una protección específica para los afectados que sufran incapacidad laboral, de manera que las bajas médicas derivadas del siniestro tengan la consideración de accidente de trabajo a efectos de Seguridad Social.
Junto a las compensaciones económicas, el Ejecutivo ha anunciado un nuevo paquete de actuaciones destinado a recuperar la confianza de los usuarios y reforzar la seguridad del sistema ferroviario tras los accidentes de Adamuz y Urda, que han dejado conjuntamente 115 fallecidos y varias decenas de heridos durante 2026. El plan presentado por Puente contempla actuaciones en tres ámbitos: innovación tecnológica, revisión de los procedimientos de seguridad y mejora de las condiciones laborales y las plantillas del personal ferroviario.
En materia tecnológica, el Gobierno prevé incorporar nuevas herramientas a los centros de control que permitan generar alertas automáticas y visualizar con mayor claridad la ubicación de los trenes. También se desarrollará un sistema basado en inteligencia artificial para anticipar posibles incidencias, detectar anomalías y supervisar las comunicaciones entre maquinistas y controladores. Según explicó el exministro, esta iniciativa pretende situar a España entre los primeros países en disponer de una solución de estas características.
En cuanto a los procedimientos de seguridad, el Ejecutivo plantea adaptar al transporte ferroviario algunos mecanismos de control que ya se utilizan en otros medios de transporte, especialmente en la aviación. A partir de la entrada en vigor del real decreto, las decisiones adoptadas desde los centros de control deberán contar con la validación de un segundo controlador humano. Asimismo, se estudiarán medidas adicionales de seguridad pasiva para reducir las consecuencias de posibles accidentes, entre ellas mantener cerrados los portaequipajes con el fin de evitar que los objetos almacenados puedan salir despedidos en caso de colisión.
El tercer eje del plan se centra en las condiciones laborales y los recursos humanos. La normativa contempla revisar el marco que regula la actividad de los controladores ferroviarios, adaptar sus descansos a los periodos de mayor carga de trabajo y ampliar los mecanismos de prevención de la fatiga. Estos protocolos, que ya cuentan con un mayor desarrollo para los maquinistas, se extenderán a otros colectivos considerados esenciales para la seguridad, como el personal encargado de la protección de las obras ferroviarias y los pilotos.
Por último, el Gobierno ha solicitado autorización judicial para iniciar los trabajos de reconstrucción de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, con la intención de recuperar la circulación ferroviaria en un plazo estimado de diez días. Una vez restablecido el servicio, los trenes circularán inicialmente con frecuencias reducidas mientras se completa la sustitución del sistema de seguridad LZB, una actuación que, según las previsiones trasladadas por Puente, podría prolongarse hasta comienzos de 2027. Para compensar parcialmente las limitaciones de capacidad, el Ejecutivo prevé utilizar composiciones dobles, con un mayor número de vagones por convoy.