(El País, 17-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este lunes que el nuevo fondo soberano pretende movilizar 23.000 millones de euros para levantar hasta 15.000 viviendas anuales destinadas al alquiler asequible. Este instrumento financiero, llamado España Crece y anunciado el 15 de enero, contará con 10.500 millones en préstamos no utilizados del Plan de Recuperación europeo, además de otros 2.800 millones en transferencias a fondo perdido. Su gestión recaerá en el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El Ejecutivo aspira, no obstante, a que esos recursos se multipliquen. La previsión es que, mediante emisiones de deuda, puedan ampliarse hasta 60.000 millones y, con la participación de capital privado, alcanzar los 120.000 millones. De esa cifra global, 23.000 millones se destinarán al ámbito residencial: 14.000 millones de origen público -a través del ICO y financiación a largo plazo- y 9.000 millones procedentes de inversores privados.
Durante su intervención en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Sánchez subrayó la necesidad de aumentar la construcción de vivienda pública y asequible y aseguró que la falta de financiación no puede seguir frenando al sector. También calificó el plan como la mayor inversión jamás movilizada en España en condiciones ventajosas para este fin e invitó a fondos de inversión, capital riesgo y fondos soberanos extranjeros a sumarse, aunque advirtió de que el beneficio económico no debe primar sobre el objetivo social de facilitar el acceso a un hogar.
Esto no implica que las promotoras trabajen sin margen de ganancia. El presidente del ICO, Manuel Illueca, encargado de cerrar acuerdos en plena crisis habitacional, asegura que se vigilarán posibles conductas especulativas, pero reconoce la necesidad de ofrecer una rentabilidad acorde al riesgo para atraer inversión privada. Según explica, no puede recibir la misma compensación quien financia las fases iniciales -más arriesgadas- que quien entra al final para gestionar los alquileres, ni quienes invierten en zonas de alta demanda frente a áreas con menor atractivo.
La intervención pública busca activar un mecanismo que posteriormente funcione por sí solo, sin sustituir permanentemente al capital privado. Para ello se contemplan herramientas como préstamos de muy larga duración -hasta 40 años-, difíciles de obtener en la banca comercial, e incluso posibles reducciones parciales de deuda si se cumplen determinadas condiciones. Illueca sostiene que, si el sector privado percibe el negocio como viable, será el principal motor para incrementar la oferta de vivienda.
Si se materializa, la construcción de 15.000 viviendas sociales al año supondría aumentar la oferta en más de un 10%, teniendo en cuenta que en 2025 se prevé conceder entre 120.000 y 130.000 visados de obra. Entre las medidas para abaratar costes se incluye la construcción industrializada, capaz de reducir el precio por metro cuadrado en torno a un 20%.
El responsable del ICO reconoce que esta iniciativa no solucionará por sí sola la crisis de acceso a la vivienda, influida también por factores como la escasez de suelo, el encarecimiento de materiales, la falta de mano de obra o las dificultades para adquirir vivienda en propiedad. Aun así, considera que supone un avance significativo al poner en marcha un instrumento capaz de generar miles de viviendas asequibles cada año.
La vivienda será uno de los ejes principales del fondo, junto con la mejora de la competitividad empresarial, la transición energética y la digitalización. Además, el programa permitirá reutilizar fondos europeos que debían emplearse antes de 2026 y reforzar la capacidad inversora del Gobierno en un contexto de bloqueo presupuestario.
Sánchez destacó también que el fondo tiene un triple propósito -social, medioambiental y tecnológico- y aludió al informe de Mario Draghi sobre la debilidad tecnológica europea. Asimismo, defendió la fortaleza de la economía española, señalando que presenta menor deuda que Estados Unidos, menos déficit que el conjunto de la eurozona y una prima de riesgo inferior a la de Francia, además de un crecimiento potencial superior al 2% entre 2025 y 2028, según el Banco de España.
La presentación del fondo estaba prevista para el 19 de enero, pero se aplazó tras el accidente ferroviario ocurrido el día anterior en Adamuz. Este instrumento resulta atípico entre los fondos soberanos, habitualmente utilizados por países exportadores de materias primas, ya que se apoyará en deuda para amplificar su impacto. Parte de esos recursos se canalizará a través del ICO para financiar promociones de alquiler asequible.
La oposición, especialmente el Partido Popular, cuestiona que se trate de un verdadero fondo soberano y sostiene que responde a la necesidad de reutilizar préstamos europeos no ejecutados. Sin embargo, el Gobierno defiende que permitirá mantener el impulso inversor una vez finalice el mecanismo europeo de recuperación y considera que la denominación refleja una estrategia de política industrial con mayor autonomía nacional.