(El País, 13-01-2026) | Fiscal
El Ejecutivo busca mantener el impulso en las políticas para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este lunes un nuevo conjunto de iniciativas orientadas a aliviar la presión sobre el mercado del alquiler. Entre las principales propuestas figura una deducción del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos de sus inquilinos sin incrementar el precio del alquiler, así como la regulación de los arrendamientos por habitaciones, de modo que la suma de estas rentas no pueda superar el importe que correspondería al alquiler de la vivienda en su totalidad. Sánchez defendió esta línea de actuación asegurando que se respaldará a quienes facilitan un acceso digno a la vivienda y se pondrán límites a las prácticas especulativas.
Las medidas anunciadas se incorporarán a un real decreto-ley cuya aprobación está prevista para las próximas semanas. Según explicó el presidente, el objetivo es intervenir en el mercado del alquiler mediante actuaciones urgentes y de alcance significativo, de las que podrían beneficiarse en torno a tres millones de hogares que viven de alquiler en España, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Vivienda.
La iniciativa con mayor capacidad de incidencia es la bonificación fiscal completa en el IRPF para los arrendadores que mantengan el precio del alquiler al renovar los contratos. Con esta fórmula, el Gobierno considera que todas las partes salen favorecidas: los inquilinos conservan su vivienda sin afrontar subidas, los propietarios evitan la búsqueda de nuevos arrendatarios y mantienen sus ingresos, y la administración cumple su función de destinar recursos públicos al bienestar social. Desde el entorno del Ejecutivo señalan que esta compensación fiscal sustituye al posible aumento del alquiler, por lo que no supone una merma económica para los caseros. Según estimaciones del propio Gobierno, alrededor de 600.000 contratos de alquiler finalizarán a lo largo de 2026.
En cuanto al control de irregularidades, la Ley de Vivienda de 2023 establece que en las zonas declaradas tensionadas las subidas del alquiler deben ajustarse al Índice de Referencia de Alquiler de Vivienda y que los precios, especialmente en el caso de grandes tenedores y nuevos contratos, se sitúen dentro de los márgenes fijados por el Índice de Referencia de Precios de Alquiler. No obstante, esta normativa dejaba fuera los alquileres de temporada y los arrendamientos por habitaciones. Para cerrar ese vacío, el nuevo real decreto-ley establecerá que el importe total de las habitaciones no pueda superar el alquiler de la vivienda completa y que, en las áreas tensionadas, se apliquen también los mecanismos de control de rentas previstos en la ley.
Asimismo, el Gobierno pretende endurecer las condiciones de los alquileres de temporada para dificultar su uso fraudulento, como sucede en contratos de hasta 11 meses que eluden la regulación ordinaria. Aunque no se han detallado aún las medidas concretas, el presidente adelantó que se fijará un régimen sancionador para quienes incumplan la normativa estatal sobre alquileres de corta duración. Sánchez criticó que este tipo de contratos generen inestabilidad entre los inquilinos y denunció la creciente conversión de viviendas completas en alquileres por habitaciones con el único fin de aumentar las rentas.
El anuncio de este paquete de medidas tuvo lugar durante el acto de inicio de la demolición de los primeros edificios del antiguo acuartelamiento de Campamento, en Madrid, donde arrancan las obras del Nuevo Barrio de Campamento. Se trata, según el Ministerio de Vivienda, del proyecto más relevante que afrontará en sus primeros años la nueva Entidad Estatal de Vivienda, Casa 47. En una superficie de 211 hectáreas se levantarán 10.700 viviendas asequibles, tanto en régimen de alquiler como de compra, todas ellas con protección permanente.
Desde el ministerio explican que la finalidad es crear un barrio concebido como un espacio de convivencia y calidad de vida en el suroeste de la capital, con viviendas a precios accesibles que mejoren las condiciones de quienes las habiten y, al mismo tiempo, contribuyan a reducir la tensión en uno de los mercados inmobiliarios más complicados del país.