(Expansión, 21-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El colapso del mercado del alquiler se ha convertido en un desafío importante para el Gobierno. En Moncloa están trabajando intensamente para proponer soluciones a los problemas que han empeorado debido a las medidas intervencionistas implementadas por el PSOE y Sumar en los últimos seis años. La más reciente propuesta es endurecer la regulación de los pisos turísticos, con la esperanza de que los pequeños propietarios que retiraron sus viviendas del mercado de alquiler vuelvan a ofrecerlas a quienes buscan arrendar a largo plazo.

El Ministerio de Vivienda exigirá que todos los propietarios que deseen destinar sus inmuebles al alquiler turístico, de temporada, por habitaciones o de corta duración se inscriban en un registro público. Esta medida cuenta con el respaldo de las empresas turísticas tradicionales, que fueron las primeras en alertar sobre los efectos negativos de la competencia irregular generada por el auge de los pisos turísticos en el centro de las principales ciudades. El objetivo es sacar a la luz la economía sumergida que rodea esta actividad. La coordinación con los registros de alquileres ocasionales ya establecidos por gobiernos locales y autonómicos debería garantizar que las viviendas cumplan con los requisitos mínimos de acceso y salubridad para poder destinarse al alquiler turístico o de temporada, lo que también contribuirá a un mayor control y transparencia sobre su ubicación, propietarios y usuarios. Sin embargo, es cuestionable que esta medida logre aumentar significativamente la oferta de alquileres tradicionales.

La patronal turística Exceltur estima que hay alrededor de 400.000 pisos dedicados al alquiler turístico, principalmente en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Sevilla. Incluso trasladando todos esos pisos al mercado de alquiler tradicional, no se cerraría la brecha entre oferta y demanda. Además, está por ver si ese cambio puede lograrse solo con la imposición de más regulaciones y restricciones a los propietarios.

Un informe reciente del Banco de España destacó que hay un déficit de medio millón de pisos en el mercado de alquiler. La demanda ha aumentado considerablemente debido al desplazamiento de la compra de viviendas, impulsado por los altos tipos de interés que el Banco Central Europeo ha mantenido desde mediados de 2022, la llegada de migrantes que buscan trabajo en España y las tendencias demográficas que concentran la población en grandes núcleos urbanos.

El desequilibrio entre la protección legal para propietarios e inquilinos, tras las iniciativas del Gobierno para impedir desahucios, ha llevado a muchos dueños a retirar sus propiedades del mercado, temiendo no poder recuperarlas en caso de impago u ocupación. Una encuesta realizada por Fotocasa confirma esta percepción: la principal razón para no alquilar es la desconfianza hacia los inquilinos por la falta de garantías legales frente a impagos, daños o ocupaciones. Por ello, el Banco de España recomendó en su informe restaurar la seguridad jurídica para los propietarios con el fin de resolver los problemas causados por la regulación intervencionista en el sector inmobiliario.

Las diversas causas que explican la crisis del alquiler requieren soluciones integrales, cuyos resultados tardarán más tiempo en materializarse de lo que quisieran tanto las autoridades como quienes buscan alquilar una vivienda. Mientras tanto, se necesitan decisiones extraordinarias como las propuestas por la organización España Mejor, liderada por Míriam González, para movilizar hasta 700.000 viviendas mediante colaboración público-privada, bajo un régimen de alquiler asequible y regulado a lo largo de un plazo de tres a ocho años. Estas medidas incluyen la reducción temporal del IVA para obra nueva o rehabilitación integral, la liberación de suelo público infrautilizado y la flexibilización en los cambios de uso de oficinas a viviendas.

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