(Expansión, 11-11-2026) | Fiscal
El Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad del sistema de autoliquidaciones rectificativas introducido por el Real Decreto 117/2024, pero ha establecido un criterio que refuerza las garantías de los contribuyentes frente a posibles sanciones de la Agencia Tributaria. En concreto, el Alto Tribunal descarta que Hacienda pueda imponer multas de forma automática cuando un contribuyente presenta una rectificación para recuperar cantidades previamente ingresadas, siempre que actúe de buena fe y aporte información completa y veraz.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en su Sección Segunda, ha desestimado íntegramente el recurso presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) contra el citado real decreto. La organización cuestionaba la adaptación de los reglamentos del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA, los Impuestos Especiales y los impuestos sobre los gases fluorados al nuevo procedimiento de rectificación, al considerar que excedía los límites de la potestad reglamentaria y podía perjudicar los derechos de los contribuyentes.
La controversia surgió tras la reforma de la Ley General Tributaria introducida por la Ley 13/2023, que sustituyó el procedimiento tradicional de solicitud de rectificación por un modelo basado en la presentación de una autoliquidación rectificativa. AEDAF advertía de que este cambio podía dejar a los contribuyentes expuestos a actuaciones sancionadoras cuando solicitaran devoluciones derivadas de discrepancias con los criterios de la Administración.
El Supremo, sin embargo, considera que la Ley General Tributaria proporciona cobertura suficiente para desarrollar reglamentariamente este sistema y descarta que exista una vulneración de la reserva de ley. También aclara que la expresión «normativa propia» no se limita exclusivamente a las leyes en sentido estricto, sino que comprende el conjunto de disposiciones reguladoras de cada impuesto.
Pese a rechazar la pretensión de nulidad de AEDAF, la sentencia introduce una interpretación especialmente relevante sobre las consecuencias sancionadoras de las autoliquidaciones rectificativas. El tribunal establece que, cuando un contribuyente ingresó inicialmente una deuda tributaria y posteriormente presenta una rectificación para solicitar su devolución, la Administración no puede imponer automáticamente una sanción por dejar de ingresar.
Los magistrados recuerdan que el nuevo procedimiento obliga a identificar expresamente los datos modificados y explicar los motivos que justifican la rectificación. De este modo, Hacienda dispone desde el primer momento de la información necesaria para comprobar si la modificación resulta procedente. Además, el Supremo señala que la Agencia Tributaria puede ejercer sus facultades de comprobación e investigación antes de efectuar la devolución si considera que existen dudas sobre su procedencia.
La sentencia entiende que, cuando el contribuyente ha cumplido inicialmente con su obligación de pago y después expone de forma transparente las razones jurídicas y los datos que justifican la rectificación, no cabe presumir que haya cometido una infracción. Por tanto, la Administración no puede fundamentar una sanción en resoluciones genéricas o argumentos estandarizados sin acreditar las circunstancias concretas que permitan apreciar culpabilidad.
El Alto Tribunal también eleva el nivel de exigencia para justificar una eventual sanción. En estos supuestos, la motivación de la culpabilidad debe ir más allá de la simple falta de diligencia, siguiendo el criterio recogido en la sentencia 96/1990 del Tribunal Constitucional.
El pronunciamiento supone un respaldo para empresas y asesores fiscales que temían que el nuevo sistema pudiera desincentivar las reclamaciones frente a criterios de Hacienda. Una de las principales preocupaciones era que un contribuyente presentara una rectificación basada en una interpretación jurídica distinta de la mantenida por la Dirección General de Tributos o el Tribunal Económico-Administrativo Central, recibiera la devolución y, tiempo después, se enfrentara a una inspección con una propuesta de sanción por haber obtenido indebidamente esas cantidades.
Con la nueva doctrina, el Supremo establece que una discrepancia interpretativa razonada, debidamente explicada y acompañada de información veraz no constituye por sí misma un motivo para sancionar. Hacienda podrá revisar la rectificación, rechazar el criterio aplicado y exigir la devolución de las cantidades correspondientes, junto con los intereses que procedan, pero no podrá imponer una multa de manera automática por el mero hecho de que el contribuyente haya defendido una interpretación diferente.
Para Esaú Alarcón, socio de Gibernau, la sentencia constituye una buena noticia para los fiscalistas, ya que limita considerablemente la capacidad sancionadora de Hacienda cuando el contribuyente actúa de buena fe. El experto recuerda que el procedimiento tradicional permitía plantear discrepancias interpretativas sin el temor a que la posterior devolución derivara en una sanción. No obstante, advierte de que no puede descartarse que se produzcan actuaciones administrativas inadecuadas en determinados casos.
En la práctica, el fallo refuerza la seguridad jurídica de quienes utilizan las autoliquidaciones rectificativas para defender criterios fiscales distintos de los sostenidos por la Agencia Tributaria. La clave estará en justificar adecuadamente los motivos de la modificación, facilitar todos los datos relevantes y actuar con transparencia, ya que estas circunstancias serán determinantes para valorar si existe o no responsabilidad sancionadora.