(El Economista, 03-02-2026) | Laboral
Nunca antes se había registrado un número tan elevado de personas desempleadas mayores de 50 años percibiendo algún tipo de subsidio. En 2025, la media mensual alcanzó las 545.393 personas, lo que supone un incremento del 4,7% respecto a 2024, a pesar de que en ese mismo periodo el paro registrado descendió un 4,5%. La inmensa mayoría -el 84%- corresponde a beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años, una prestación que también ha alcanzado máximos históricos tras permanecer durante los últimos tres años en el centro del debate por su posible efecto desincentivador sobre la reincorporación al mercado laboral y su papel como antesala de la jubilación anticipada. Esta cuestión está siendo analizada por la OCDE, que considera que su diseño contribuye a cronificar el desempleo sénior y aboga por replantear la ayuda, aunque sus propuestas implicarían, en la práctica, su eliminación.
Las cifras de 2025 resultan especialmente llamativas porque se producen en un contexto de descenso del desempleo, incluido el de los trabajadores de mayor edad. Sin embargo, esta mejora no se refleja en el sistema de prestaciones, que también ha aumentado en su vertiente contributiva: los mayores de 50 años que cobran prestación contributiva crecieron un 5,2%, hasta situarse en una media mensual de 281.000 personas. Aun así, este volumen sigue lejos de los niveles alcanzados durante la pandemia y representa apenas la mitad del total de perceptores del nivel asistencial, integrado por los distintos subsidios por desempleo, las rentas agrarias y el subsidio específico para mayores de 52 años.
Esta ayuda, actualmente fijada en 480 euros mensuales, presenta dos características singulares. Por un lado, puede percibirse hasta alcanzar la edad legal de jubilación; por otro, el SEPE cotiza por el beneficiario durante ese periodo. La cotización se realiza por el 125% de la base mínima, lo que equivale a una base de 1.726 euros mensuales de cara a la pensión futura. Esta circunstancia provoca que, para muchos desempleados mayores de 52 años, aceptar un empleo con un salario inferior resulte poco atractivo desde el punto de vista económico. El problema se intensifica si se tiene en cuenta que el salario mínimo interprofesional ha aumentado más de un 66% en los últimos años y se sitúa actualmente en 1.184 euros, a la espera de una nueva actualización.
Este es precisamente el argumento central de la OCDE, recogido de forma clara en su último Economic Survey sobre España publicado a finales de 2025 y reiterado en análisis posteriores, como el reciente artículo titulado "¿Estancados a los 52? Repensar el subsidio de desempleo para las personas mayores en España". En él, sus autores -Aida Caldera, Claudia Ramírez y Dimitris Mavridis- advierten de que, aunque la prestación cumple una función de protección social, su configuración puede reducir involuntariamente los incentivos para volver al empleo, incluso entre quienes desean hacerlo.
El informe subraya que, aunque la cuantía del subsidio es limitada, aceptar un trabajo mal remunerado implica renunciar tanto a la prestación como a las cotizaciones a la Seguridad Social que se generan durante el desempleo, de modo que el beneficio neto de reincorporarse al mercado laboral puede ser mínimo. En este contexto, destaca que la evidencia empírica muestra un fuerte aumento del desempleo de larga duración a partir de los 52 años, justo cuando se accede a esta ayuda. Estudios recientes de la AIReF revelan que, mientras que antes de los 50 años menos del 5% de los beneficiarios lleva más de un año en paro, a partir de los 52 esa proporción supera el 40%.
La idea de que el subsidio actúa como freno a la activación laboral de los desempleados de más edad no es nueva. Numerosos analistas sostienen que su diseño dificulta la reincorporación de trabajadores con baja cualificación, empleados tradicionalmente en sectores de salarios reducidos, especialmente cuando cuentan con apoyo familiar que les permite aguardar hasta la jubilación con una pensión más favorable gracias a la sobrecotización del subsidio. Este efecto afecta de manera particular a las mujeres, que representan el 54% de las personas beneficiarias.
El impacto también se extiende a trabajadores con niveles de renta elevados que han salido del mercado laboral tras despidos colectivos. En estos casos, el subsidio para mayores de 52 años se ha convertido en uno de los pilares de los esquemas de prejubilación, reforzado además por el aumento del SMI y, con él, de las cotizaciones asumidas por el SEPE. Para estos perfiles, aceptar un nuevo empleo puede resultar aún menos atractivo, ya que la pérdida no se limita a la sobrecotización, sino también a otros compromisos económicos pactados con su antigua empresa.
Precisamente para frenar las salidas anticipadas del mercado laboral y fomentar la activación de los desempleados, el Gobierno del PP elevó en 2012 la edad de acceso al subsidio hasta los 55 años y redujo la cotización al 100% de la base mínima. Esta reforma provocó un descenso significativo del número de beneficiarios que se prolongó hasta 2019, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez restituyó las condiciones originales de la ayuda. El efecto fue inmediato: el número medio de perceptores se disparó un 22% en solo un año y continuó creciendo posteriormente, hasta adquirir un marcado carácter anticíclico tras la pandemia, con los subsidios al alza pese a la moderación del paro.
A finales de 2023, el Gobierno impulsó una reforma del sistema de subsidios por desempleo con el objetivo de reforzar su función de acompañamiento en la búsqueda de empleo. Para ello, se modificó la cuantía inicial de las ayudas, se amplió su compatibilidad con el trabajo y se reforzó la conexión con prestaciones de carácter social, como el Ingreso Mínimo Vital. En ese proceso se planteó también reducir la sobrecotización del subsidio para mayores de 52 años del 125% al 100%, pero la propuesta fue rechazada en el Congreso por Podemos, lo que obligó a rehacer la reforma y mantener esta ayuda sin cambios.
Tal y como ha informado elEconomista.es, los efectos de la reforma han sido significativos: entre 2023 y 2025, los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años aumentaron un 5,5%, mientras que el número de mayores de 50 años que perciben otros subsidios creció un 20%, al pasar de 71.600 a 81.500 personas. Todo ello en un periodo en el que el desempleo sénior, aunque a un ritmo más moderado que en otros colectivos, se redujo un 7,9%.