(El País, 30-06-2025) | Fiscal
El abogado estadounidense Robert Amsterdam se ha hecho notar recientemente en el ámbito tributario español por su ofensiva legal y mediática contra la Agencia Tributaria. Fundador del despacho internacional Amsterdam & Partners, lleva meses acusando al fisco español de acosar y perseguir a quienes se acogen al régimen fiscal conocido como "ley Beckham". Este jueves, incluso, amenazó con llevar el caso ante la OCDE. Pero más allá de su retórica combativa, ¿a qué tipo de contribuyentes dice representar? Según los datos de Hacienda, se trata principalmente de altos directivos internacionales, deportistas profesionales, ejecutivos del sector tecnológico o financiero, y en general, trabajadores extranjeros con elevados ingresos.
Los registros muestran que estos beneficiarios del régimen especial perciben una media de 160.000 euros anuales solo en salarios. No se contabilizan las rentas procedentes del extranjero -como plusvalías, dividendos o ingresos por inversiones-, ya que este tipo de ganancias no están sujetas a tributación en España durante un máximo de seis años. Esto impide tener una visión completa de sus ingresos totales, aunque desde la Agencia Tributaria se presupone que son considerablemente más altos. Por este motivo, se justifica una fiscalización rigurosa, pese a las críticas del bufete.
El régimen especial, más conocido como ley Beckham, permite a los trabajadores desplazados -españoles o extranjeros que no hayan residido en el país durante los cinco años anteriores- tributar únicamente por sus rentas generadas en España. Además, hasta los 600.000 euros anuales, se les aplica un tipo fijo del 24%, y solo por encima de esa cifra, el tipo asciende al 47%. Este sistema se ha convertido en un fuerte atractivo para perfiles con ingresos elevados y con fuentes de rentas internacionales, según destacan los expertos fiscales.
En 2023, un total de 16.733 personas presentaron su declaración de la renta bajo este régimen. La base liquidable total alcanzó los 2.789 millones de euros, de los cuales 2.705 millones correspondieron a rendimientos del trabajo. El resto procedía de transmisiones patrimoniales, ventas de inmuebles o cobro de pensiones. Estas cifras, sin embargo, podrían estar infravaloradas, ya que no incluyen rentas no declarables bajo el régimen especial.
Teniendo en cuenta que el salario medio en España fue de poco menos de 29.000 euros ese mismo año, estos contribuyentes destacan notablemente por su nivel de ingresos. Y el hecho de que buena parte de sus ganancias no tribute en España convierte a este colectivo en objetivo de especial interés para Hacienda. Como sucede con todos los contribuyentes con rentas elevadas, cualquier anomalía detectada puede dar lugar a una inspección.
Desde la Agencia Tributaria insisten en la necesidad de controlar el uso correcto de los regímenes fiscales especiales, ya que implican potenciales pérdidas de recaudación. Si se detectan irregularidades, afirman, corresponde una regularización de la situación y la correspondiente liquidación tributaria. Lo que el bufete de Amsterdam califica como "persecución" y "abuso de poder", Hacienda lo considera una actuación ordinaria dentro de sus funciones de control.
A pesar del ruido generado, la Agencia Tributaria niega que exista una vigilancia especial sobre los acogidos a la ley Beckham o un nivel elevado de litigiosidad asociado al régimen. En los últimos diez años, cerca de 37.000 contribuyentes se han beneficiado de este sistema y solo 185 -el 0,5%- han sido inspeccionados por posibles incumplimientos.
Entre las irregularidades más comunes, según José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), se encuentran la simulación de contratos de trabajo o la creación de empresas pantalla para acceder indebidamente al régimen. José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), señala que algunas personas constituyen sociedades sin actividad real en España mientras continúan prestando servicios a empresas extranjeras. El objetivo es aparentar una relación laboral nacional y así beneficiarse del régimen fiscal especial.
En otros casos, se crean sociedades ficticias justo antes de obtener grandes beneficios fuera del país, con el fin de evitar tributar tanto en España como en el país de origen. Estas estructuras, según los inspectores, suelen ocultar al verdadero beneficiario utilizando intermediarios como asesores o familiares.
El conflicto entre el despacho de Amsterdam y Hacienda ha ido escalando en los últimos meses. A finales de 2024, el bufete lanzó campañas publicitarias en medios internacionales acusando a los trabajadores del fisco de "carteristas" y ofreciendo sus servicios a quienes se sintieran agraviados. En respuesta, la Agencia Tributaria defendió públicamente su trabajo en mayo, y esta semana su directora, Soledad Fernández, envió una carta a los empleados del organismo mostrando su respaldo frente al "ataque frontal" recibido. Mientras tanto, Amsterdam anunció en rueda de prensa que llevará su denuncia contra España ante la OCDE y la ONU.