(Cinco Días, 03-09-2026) | Fiscal
La Unión Europea y España están reforzando su ofensiva contra el blanqueo de capitales y ponen el foco especialmente en el uso de los criptoactivos para ocultar fondos procedentes de actividades ilícitas. En este contexto, el Ministerio de Economía prepara una reforma que creará un registro estatal ampliado en el que los operadores del sector deberán comunicar la apertura y el cierre de cuentas, así como la identidad de sus titulares.
La modificación afectará al denominado fichero de titularidades financieras, gestionado actualmente por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que desde hace más de una década recopila información sobre las cuentas bancarias. El nuevo marco ampliará considerablemente el número de entidades obligadas a informar e incorporará, entre otras, a gestoras de fondos de inversión, sociedades de capital riesgo, agencias y sociedades de valores y plataformas de criptoactivos.
Una vez aprobada la reforma, estas entidades tendrán que comunicar no solo las cuentas de efectivo, sino también las de valores y criptoactivos. El fichero recogerá datos como la identidad de los titulares y cotitulares, la entidad en la que se encuentra la cuenta, su naturaleza y las fechas de apertura y cierre. No incluirá, sin embargo, información sobre los saldos ni sobre los movimientos realizados. Según José María Olivares, socio de finReg360, se trata de una ampliación de las obligaciones de información que resulta coherente con el objetivo del fichero: facilitar la prevención, detección y persecución del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Los criptoactivos se encuentran especialmente bajo la lupa de Economía por las posibilidades que ofrecen para dificultar la identificación de los usuarios y seguir el rastro de los fondos. Una parte de las operaciones ilícitas se canaliza a través de vías con menores controles, como los cajeros de criptomonedas, las transacciones entre particulares o plataformas radicadas en jurisdicciones con una supervisión más limitada. En España, varias investigaciones policiales ya han detectado redes que utilizaban cajeros de criptomonedas para introducir en el sistema financiero efectivo procedente del narcotráfico.
El fichero, de carácter público, quedará integrado en la nueva Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi). El sistema funcionará mediante un punto único de acceso y cada consulta deberá estar justificada y quedará registrada durante cinco años. Su finalidad será permitir que jueces, fiscales, Policía, Guardia Civil, Agencia Tributaria o Centro Nacional de Inteligencia puedan localizar las cuentas vinculadas a una persona investigada sin necesidad de solicitar información individualmente a cada entidad financiera.
La reforma incorporará además información sobre si el titular de una cuenta está sujeto a las obligaciones establecidas en la normativa antiblanqueo y a qué categoría pertenece. También ampliará el periodo de conservación de los datos: la información permanecerá en el fichero durante cinco años después del cierre de la cuenta, con posibilidad de prorrogar ese plazo otros cinco años.
La legislación española ya impone obligaciones en materia de prevención del blanqueo a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y a los proveedores de custodia de monederos electrónicos. Estas empresas han estado sujetas a registro y supervisión y, en la actualidad, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desempeña un papel central en su autorización. La nueva regulación ampliará ahora las obligaciones a otras actividades relacionadas con los criptoactivos.
Entre ellas figurarán la gestión de plataformas de negociación, el intercambio de un criptoactivo por otro, la ejecución y transmisión de órdenes, la colocación de criptoactivos, el asesoramiento, la gestión de carteras y los servicios de transferencia por cuenta de clientes. La ampliación resulta especialmente relevante porque el intercambio sucesivo de unos criptoactivos por otros y el traslado de fondos entre diferentes plataformas son técnicas utilizadas para dificultar la trazabilidad del dinero.
Las entidades que ya están sometidas a la normativa antiblanqueo deben identificar a sus clientes y comunicar las operaciones sospechosas, pero hasta ahora no tenían que trasladar toda esa información a un registro de titularidades. La reforma pretende cubrir precisamente ese vacío y permitir que las autoridades dispongan de una visión más amplia de las relaciones financieras vinculadas a los activos digitales.
La Agencia Tributaria ya recibe desde hace dos años información sobre determinadas posiciones en criptomonedas. Las entidades españolas que custodian criptoactivos comunican los titulares, las personas autorizadas y los saldos existentes al cierre del ejercicio. Sin embargo, esos datos están protegidos por el deber de confidencialidad de la Ley General Tributaria y no constituyen un registro accesible para otras autoridades que investiguen posibles delitos. El nuevo sistema tendrá además una dimensión europea. El fichero español se conectará con los registros de titularidades financieras del resto de Estados miembros, de modo que las autoridades podrán disponer de información sobre cuentas abiertas en otros países de la Unión. El objetivo es cerrar uno de los principales puntos débiles en la persecución del dinero ilícito: la utilización de diferentes jurisdicciones y plataformas para dificultar el seguimiento de los fondos.