(El Periódico, 28-11-2024) | Laboral

Pepe Álvarez Suárez, asturiano nacido en 1956, ha sido reelegido como secretario general de UGT durante el 44º Congreso Confederal celebrado en Barcelona. Álvarez, quien inició su trayectoria profesional en esta ciudad y ascendió dentro del sindicato hasta ocupar el cargo más alto desde hace ocho años, fue respaldado con el 80% de los votos, una mayoría amplia aunque ligeramente inferior al 86% obtenido en 2021. Este resultado reafirma su liderazgo, que en 2016 comenzó con un ajustado 51%. Hoy se presentarán oficialmente los miembros de la nueva Comisión Ejecutiva Confederal y los órganos estatales como la Comisión de Garantías, la de Control Económico y la de Seguimiento y Evaluación del Código Ético.

En la dirección confederal, los cambios son mínimos, destacando la sustitución de Cristina Antoñanzas como vicesecretaria general por Lola Navarro, de UGT Valencia. Desde 2016, Álvarez ha mantenido estable su núcleo de confianza, introduciendo modificaciones puntuales como el ascenso de Fernando Luján, funcionario de la Agencia Tributaria y figura clave en las negociaciones laborales, a una vicesecretaría general. Según los estatutos actuales, este será el último mandato de Álvarez, quien enfrentará desafíos tanto externos como internos.

A nivel externo, UGT busca reforzar su posición en las negociaciones laborales con el Gobierno. Ha liderado iniciativas como el aumento del coste de los despidos improcedentes y las horas extras. El sindicato denunció estas cuestiones ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, logrando una resolución favorable sobre los despidos, al considerar insuficiente la indemnización actual en España. Sin embargo, la propuesta para legislar en esta materia cuenta con el apoyo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero no del sector socialista del Ejecutivo. En cuanto al incremento del coste de las horas extras, la demanda presentada en enero de 2024 sigue en sus primeras fases, y el Gobierno ya ha mostrado oposición a esta medida.

Otros asuntos pendientes incluyen la negociación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2025, el blindaje legal de sus actualizaciones y el desarrollo del estatuto del becario, acordado con el Ministerio de Trabajo en junio de 2023 pero aún sin avances significativos. Asimismo, UGT no consiguió incluir su propuesta sobre las horas extras en las negociaciones para reducir la jornada laboral, que concluirán previsiblemente en diciembre.

En el ámbito interno, el principal desafío es mantener el crecimiento en la afiliación, que ha aumentado en los últimos años en paralelo con la recuperación del empleo. Actualmente, UGT cuenta con 983.521 afiliados, un 5,6% más que en 2019, aunque todavía por debajo de los 1.087.714 miembros de CCOO. En cuanto a representación sindical, UGT alcanza el 31,7% frente al 36,6% de CCOO. Además, la nueva dirección confederal seguirá gestionando temporalmente las secciones de Illes Balears y Castilla-La Mancha, donde no hay secretarios generales debido a disputas internas. Amparo Burgueño y Patricia Ruiz asumirán estas funciones de forma provisional hasta la celebración de congresos en 2025.

Por otro lado, durante la gestión de Álvarez, el sindicato ha enfrentado casos de corrupción en sus estructuras regionales. Destacan las condenas a UGT Asturias en 2012 por fraude en subvenciones y, más recientemente, a ex altos cargos de UGT Andalucía por irregularidades en cursos de formación, según dictaminó la Audiencia de Sevilla este miércoles.

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