(Expansión, 08-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Consejo de Ministros aprobó ayer el polémico real decreto que endurece y amplía las condiciones necesarias para crear nuevos centros universitarios en España. Con esta medida, el Gobierno materializa su intención de poner límites a la expansión de la enseñanza universitaria privada, argumentando que busca evitar la proliferación de los llamados "chiringuitos educativos", tal como adelantó Pedro Sánchez el pasado marzo.
Antes de detallar el contenido del decreto, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, recordó que en España existen actualmente 96 universidades -50 públicas y 46 privadas- y que, en los últimos años, los proyectos para abrir nuevos centros privados se han multiplicado, absorbiendo prácticamente todo el aumento de alumnado universitario: un 129% más en la privada frente a solo un 2% en la pública durante la última década.
El Ejecutivo atribuye el estancamiento de las universidades públicas a la falta de financiación por parte de las comunidades autónomas y pretende frenarlo mediante normas más estrictas. No obstante, el texto final incluye algunas concesiones al PNV y a los socios catalanes, y ha incorporado modificaciones sugeridas por el Consejo de Estado, aunque mantiene aspectos que no cuentan con el visto bueno del Ministerio de Economía ni de la CNMC.
Entre las nuevas condiciones, las universidades deberán tener un mínimo de 4.500 estudiantes (criterio cuestionado por la CNMC, que considera que no garantiza la calidad ni la viabilidad del proyecto), destinar al menos el 5% de su presupuesto a investigación y conseguir financiación externa equivalente al 2%. Además, deberán demostrar solvencia financiera mediante un aval y garantizar que al menos la mitad de su profesorado tenga el título de doctor, de los cuales el 65% deberá acreditar al menos seis años de experiencia investigadora.
El equipo directivo tendrá que contar con experiencia en gestión universitaria -una exigencia que inicialmente recaía en la entidad promotora, pero fue suavizada-. Asimismo, cada universidad deberá ofrecer un mínimo de diez titulaciones de grado, seis de máster y tres de doctorado en al menos tres ramas del conocimiento, y disponer de plazas de alojamiento equivalentes al 10% de su alumnado.
El decreto también establece un sistema anual de rendición de cuentas y convierte en vinculante el informe de calidad que evalúa la creación de una universidad, evitando así la aprobación de proyectos con valoraciones negativas. Desde 2018, el Ministerio ha emitido 25 informes, 13 de ellos desfavorables, aunque pese a ello se autorizaron cuatro nuevas universidades: una en Madrid, otra en Andalucía y dos en Canarias.
Otra novedad es que las universidades online de nueva creación pasarán a ser de titularidad estatal, medida que no afectará a las ya existentes. Además, no se aplicará a aquellas universidades que reciban al menos el 20% de su financiación de fondos públicos autonómicos ni a las que impartan, como mínimo, el 50% de su docencia en una lengua cooficial.
Morant subrayó que las nuevas normas no solo afectarán a los futuros centros, sino también a los ya existentes, tanto públicos como privados. Sin embargo, dado que la última universidad pública se creó en 1998 (la Politécnica de Cartagena), queda claro que el foco de la regulación se dirige principalmente al ámbito privado.
Las universidades que ya estén en funcionamiento y no cumplan los nuevos requisitos dispondrán de distintos plazos para adaptarse: tres años para los centros activos, cinco para los de reciente creación, seis para alcanzar el mínimo de 4.500 estudiantes y hasta siete para cumplir los objetivos de investigación.