(Expansión, 28-06-2024) | Fiscal
Ayer, Hacienda inició oficialmente la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025, logrando además que el Congreso aprobara eliminar uno de sus principales obstáculos: el veto del Senado -controlado por el PP- sobre la senda fiscal del Gobierno. De esta forma, el Ejecutivo allana el camino para presentar en octubre unas nuevas cuentas públicas ante el Parlamento, cruciales para la estabilidad de la legislatura, aunque seguirán sujetas a las negociaciones y concesiones con el independentismo catalán durante la investidura del president de la Generalitat.
El proceso formal de elaboración de los nuevos presupuestos comenzó ayer con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial correspondiente. El departamento dirigido por María Jesús Montero ha dado a los demás ministerios solo 10 días para reunir sus proyectos, inversiones y necesidades de gasto para 2025, y remitirlos a la Dirección General de Presupuestos antes del 8 de julio.
El documento anticipa que algunos de los principales objetivos del Presupuesto serán: potenciar la ejecución de los fondos europeos tras la aprobación de la adenda al Plan de Recuperación (hasta 79.854 millones en ayudas y 83.160 millones en créditos blandos); aumentar el parque público de vivienda en alquiler; financiar la educación de 0 a 3 años; fortalecer la I+D+i; impulsar la reindustrialización y descarbonización de la economía; reforzar las políticas de empleo; e impulsar una política fiscal justa, que permita abordar la digitalización, la transición verde y cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas.
Una vez recopiladas las propuestas ministeriales, Hacienda procederá a diseñar el techo de gasto para 2025, que probablemente necesitará expandirse para cubrir tanto sus propias prioridades como las exigencias de los socios parlamentarios a cambio de su apoyo. Como referencia, el límite de gasto no financiero previsto para el abortado proyecto presupuestario de 2024 era de 199.120 millones, un incremento del 0,5% respecto al de 2023, que en realidad contenía un aumento del 9,3% en gasto nacional, hasta los 189.215 millones, una vez descontadas las ayudas europeas.
Paralelamente, Hacienda deberá diseñar la senda fiscal de los próximos años para cumplir con el compromiso adquirido con Bruselas de reducir el déficit público al 2,5% del PIB en 2025. Además, la senda deberá reflejar los efectos del plan de ajuste que la Comisión Europea exigirá a España en septiembre en cumplimiento de las nuevas reglas fiscales europeas. Esta hoja de ruta debe garantizar que el país sitúe su deuda pública en una trayectoria descendente a 10 años, lo que conllevará ajustes de 0,64 puntos del PIB al año (9.400 millones) en cuatro ejercicios, o de 0,36 puntos al año en siete ejercicios (5.300 millones) si se incluyen reformas estructurales, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
Aunque tradicionalmente el Consejo de Ministros envía al Parlamento el techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública en julio, ayer Montero admitió que el proceso podría retrasarse hasta septiembre. Este calendario depende de dos factores: el tiempo que el Gobierno tarde en acordar los ajustes necesarios y la espera de que la eliminación del derecho de veto del Senado sobre la senda fiscal sea definitiva. Por ahora, la mayoría del Congreso aprobó ayer la Ley de Paridad, que incluye una enmienda para que la Cámara Baja tenga la última palabra sobre la senda de déficit. El texto debe pasar ahora por el Senado, donde la mayoría del PP se opondrá, pero volverá al Congreso para su ratificación. Así, Montero espera presentar el proyecto presupuestario al Parlamento en octubre, con la intención de aprobarlo antes de fin de año.
La senda fiscal y, especialmente, el plan de ajustes enviado a Bruselas serán clave para conocer el horizonte de aumentos de impuestos o recortes del gasto que el Gobierno prevé para la legislatura. La duración de esta, así como el futuro del proyecto presupuestario de 2025, dependerá del equilibrio que el Ejecutivo de Pedro Sánchez logre mantener con ERC y Junts, cuyos apoyos necesita para aprobar las cuentas.
Dos eventos serán cruciales. Uno es el Consejo de Política Fiscal y Financiera que Montero ha convocado para julio, donde se discutirá la reforma del sistema de financiación autonómica para intentar acomodar el tratamiento "singular" a Cataluña prometido a ERC. El otro es la votación de investidura del president de la Generalitat, que el PSOE espera asegurar para Salvador Illa, una vez satisfechas las demandas fiscales de Esquerra. Sin embargo, la exigencia de un cupo al estilo vasco, que sería inconstitucional, y la pretensión de Carles Puigdemont de ser investido president amenazan con provocar elecciones anticipadas en Cataluña, lo que podría dejar en el aire el plan presupuestario. Hacienda ya renunció a impulsar Presupuestos para 2024 debido a la incertidumbre política generada por el adelanto electoral en Cataluña, por lo que el Ejecutivo no descarta una nueva prórroga presupuestaria en 2025.