(El Economista, 13-01-2026) | Fiscal
El Gobierno central ha intensificado su ofensiva contra las bonificaciones fiscales que aplican las comunidades autónomas en el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, especialmente en aquellas gobernadas por el Partido Popular. En este contexto, vuelve a ganar peso la posibilidad de implantar un nuevo impuesto estatal que, en la práctica, dejaría sin efecto estas rebajas fiscales y elevaría la carga tributaria sobre herencias y donaciones.
De materializarse esta medida, los contribuyentes pasarían a pagar hasta 520 millones de euros adicionales cada año por los bienes y derechos que reciben de sus familiares más cercanos. Esta cantidad supondría un aumento del 16% en la recaudación conjunta de las comunidades autónomas por este tributo, que alcanzaría los 3.650 millones de euros anuales, frente a los 3.130 millones ingresados en 2024, último ejercicio con datos completos disponibles.
En los últimos años, ocho comunidades han reducido prácticamente a cero el impuesto de Sucesiones y Donaciones al aplicar bonificaciones del 99% en las transmisiones entre familiares directos, como padres, hijos y cónyuges. Madrid, además, ha ampliado estas ventajas fiscales a otros grados de parentesco, como hermanos, tíos y sobrinos. Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana cuentan actualmente con exenciones del 99% en las herencias, lo que equivale, en la práctica, a suprimir el impuesto. A ello se suma que otras once comunidades han exonerado en los últimos ejercicios las donaciones de dinero de padres a hijos destinadas a la compra de la primera vivienda, ante las dificultades de acceso al ahorro necesarias para adquirir un inmueble.
Como consecuencia de estas políticas fiscales, la recaudación por Sucesiones y Donaciones en las ocho comunidades que aplican las mayores bonificaciones se ha reducido en conjunto en unos 520 millones de euros desde su implantación hasta finales de 2024.
En el caso de Andalucía, la bonificación del 99% entre familiares directos entró en vigor en abril de 2019 y ha provocado una caída de la recaudación del 22,7%, al pasar de 299 millones de euros en 2018 a 231 millones en 2024. Madrid, que ya tenía eliminado el impuesto para padres, hijos y cónyuges, introdujo en enero de 2023 una bonificación del 25% para herencias y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, porcentaje que se elevó al 50% en 2025. Esta medida redujo los ingresos por el impuesto de 662 millones en 2022 a 546 millones en 2024, un descenso del 17,5%.
Castilla y León aprobó a mediados de 2021 una bonificación del 99%, aunque en su caso la recaudación pasó de 200 millones de euros en 2020 a 210 millones en 2024. Murcia inició las rebajas en este impuesto en 2015 y las amplió en 2018, lo que ha llevado a que sus ingresos por este concepto se redujeran de 96 millones a 37 millones entre entonces y 2024, una caída del 61,4%. La Comunidad Valenciana eliminó el tributo en mayo de 2023, lo que supuso un cambio drástico en sus cuentas: de recaudar 370 millones en 2022 pasó a ingresar 127 millones en 2024. Baleares, Canarias y Extremadura también suprimieron el impuesto en 2023, y un año después recaudaban en conjunto 43 millones menos.
Desde el Ministerio de Hacienda, la vicepresidenta primera y ministra María Jesús Montero explicó la pasada semana, durante la presentación del nuevo modelo de financiación autonómica, que el objetivo del Ejecutivo es frenar el denominado dumping fiscal entre comunidades, siguiendo el precedente del impuesto a las grandes fortunas. La estrategia pasaría por neutralizar las bonificaciones autonómicas en tributos cedidos al 100%, como Sucesiones y Donaciones o el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, mediante la creación de un gravamen estatal que obligue a tributar a tipos más elevados por herencias, donaciones entre familiares directos o la compra de viviendas.
El impuesto a las grandes fortunas se aprobó en diciembre de 2022 con la finalidad de contrarrestar las exenciones autonómicas en el impuesto sobre el Patrimonio. Durante el primer año, los contribuyentes pagaron el gravamen autonómico a tipos reducidos y abonaron al Estado central, a través de la nueva figura impositiva, lo que dejaban de pagar por las bonificaciones. La Hacienda estatal recaudó 623 millones de euros en ese primer ejercicio. Como reacción, comunidades como Andalucía, Madrid o Galicia reactivaron el impuesto sobre el Patrimonio en 2023 para evitar que esos ingresos se desviaran al Estado.
Montero señaló que en la reforma del sistema de financiación autonómica no se ha incluido una figura similar para Sucesiones y Donaciones, aunque reiteró que la intención del Gobierno es evitar que estos impuestos queden vacíos de contenido y reforzar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades.
La idea de armonizar el impuesto de Sucesiones mediante un tributo estatal lleva sobre la mesa desde 2019, aunque fue a partir de 2023 cuando el Ejecutivo volvió a impulsarla con mayor intensidad. Este debate provocó un aumento significativo de las donaciones en 2024, que rozaron las 200.000 operaciones, un máximo histórico y un 15% más que el año anterior. Según los expertos del Registro de Economistas Asesores Fiscales, este repunte respondió al temor de los contribuyentes a un endurecimiento fiscal de las herencias.
En este contexto, Cataluña destaca como la comunidad con mayor presión fiscal sobre herencias y donaciones. Junto con Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha, es una de las regiones que menos bonificaciones aplica en este impuesto. Esta política se ha traducido en un fuerte aumento de la recaudación: en 2024, la Hacienda catalana ingresó 1.111 millones de euros por Sucesiones y Donaciones, un máximo histórico, un 16% más que el año anterior y casi cuatro veces más que hace una década. Cataluña concentra así el 35% de la recaudación total por este tributo en España.