(El Economista, 21-10-2024) | Fiscal
El Gobierno ha comenzado a preparar el terreno para establecer una nueva senda de estabilidad fiscal que permita a las Comunidades Autónomas (CCAA) contar con un mayor margen financiero, al menos para 2025, tal como lo ha solicitado Junts. El plan fiscal estructural que el Ejecutivo remitió a Bruselas el martes incluye una senda de déficit "compatible" con un aumento del "margen adicional" para las autonomías. Así lo confirmó Carlos Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde señaló: "Creemos que es posible alcanzar un acuerdo favorable para las CCAA, ajustándonos al 2,5%".
En los últimos días, se han intensificado los contactos entre el PSOE y el partido liderado por Carles Puigdemont. Junts reclama que la senda fiscal, que será la base del proyecto de Presupuestos, contemple un límite de déficit para las autonomías cercano al 1%, nueve décimas más que el aprobado, o bien un reparto de objetivos más beneficioso para las regiones que más contribuyen al PIB, como Madrid y Cataluña. Cualquiera de estas alternativas implicaría que el Estado asumiera un mayor esfuerzo de ajuste a partir del próximo año.
En el documento original, el Ejecutivo reservaba un techo de déficit del 2,2%, otorgando a las CCAA un 0,1%. La propuesta de Junts reduciría ese margen para el Gobierno central al 1,3%, lo cual podría generar preocupaciones en la Comisión Europea. Bruselas teme que la falta de disciplina fiscal en regiones como la Comunidad Valenciana o Murcia añada más décimas al objetivo final, y ve complicado que el Estado se ajuste a un límite de déficit tan estricto. Según la AIReF, ambas comunidades terminarán este año con un déficit superior al 1%. La negociación podría concluir en un término medio, con un reparto menos exigente para el Estado y un margen de gasto más cercano al 0,5% para las CCAA. El plan fiscal enviado a la UE prevé un ajuste del 0,4% del PIB cada año hasta 2027, lo que equivale a unos 6.000 millones de euros anuales.
No obstante, el plan fiscal comprometido con Bruselas guarda un recurso que Moncloa activará en 2025 para cumplir con los límites de déficit. El documento obliga a España a aprobar una reforma fiscal, de la que ya se habrían iniciado discusiones, aunque su contenido es aún incierto. Se sabe que podría aumentar la ratio de ingresos sobre el PIB en 0,3 puntos hasta 2031 e incluiría la permanencia de los impuestos a la banca y las energéticas. Además, el plan sugiere que incluirá algunas de las recomendaciones del Libro Blanco fiscal de 2022, como medidas para apoyar la transición energética y fomentar la equidad, junto con una revisión de los beneficios fiscales.
El informe encargado en 2022 por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propone cambios estructurales, como la eliminación de uno de los tipos reducidos del IVA, lo que, según los cálculos del Libro Blanco, podría aumentar la recaudación entre 11.775 y 17.123 millones de euros. También contempla la creación de un paquete de tributación medioambiental, para acercar la presión fiscal española a la europea, ya que la UE recauda cinco puntos más en tasas verdes que España (2,3% frente a 1,7%). Los expertos insisten en la necesidad de hacer más progresiva la tributación del IRPF, acercando el gravamen de las rentas de capital al de las rentas del trabajo.
Carlos Cruzado, presidente de Gestha, señala que "quien gana un millón de euros en rentas de capital paga lo mismo que alguien con un salario de 42.000 euros en rentas del trabajo". Solo una reforma fiscal estructural podría garantizar una recaudación sostenida a largo plazo. Según Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada e investigador de Funcas, "el sistema fiscal actual es como un coche con muchos problemas, incapaz de circular a 120 km/h en la autopista". Los analistas reclaman una reforma que no dependa del crecimiento económico para mejorar la recaudación, como ha ocurrido tras la pandemia.
Un aumento de los ingresos mediante cualquiera de estas dos vías no solo ayudaría a cumplir con los compromisos de déficit, sino que permitiría mantener la regla de gasto, en torno al 3%, prevista para los próximos siete años. "Si se aplican medidas estructurales de ingresos, el gasto podría crecer más", señalan fuentes del Ministerio de Economía. Sin embargo, cualquier reforma fiscal que incluya estos cambios deberá contar con el apoyo del Congreso, lo que anticipa una intensa batalla parlamentaria.