(La Vanguardia, 05-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo
Las movilizaciones por la vivienda han continuado este domingo en distintas ciudades españolas, entre ellas Bilbao, Oviedo, Almería, Badajoz, Salamanca y Cuenca, después de las protestas celebradas el día anterior. Las convocatorias, impulsadas por organizaciones de inquilinos, reclaman medidas frente al encarecimiento de la vivienda y mantienen sobre la mesa la posibilidad de promover una huelga general.
Las principales reivindicaciones se centran en una mayor estabilidad de los contratos de alquiler, la reducción de las rentas, el incremento del parque público de vivienda, medidas frente a los grandes fondos inmobiliarios y una mayor protección ante los desahucios. Durante las concentraciones se han repetido también mensajes críticos con las políticas desarrolladas hasta ahora en materia de vivienda.
En Salamanca, la manifestación reunió a unas 2.000 personas según las estimaciones policiales y se desarrolló sin incidentes. En Badajoz participaron alrededor de 500 personas pese a la lluvia, mientras que en Bilbao, Oviedo y Almería las concentraciones volvieron a incorporar llamamientos a continuar e intensificar las movilizaciones.
Las protestas se han extendido además a otras ciudades como Logroño, Murcia, Teruel, Córdoba y Ourense, mientras que en Pontevedra está prevista una nueva convocatoria. Paralelamente, se mantienen diferentes acampadas relacionadas con estas reivindicaciones, entre ellas las de Valencia y Madrid.
En la Puerta del Sol de Madrid, la acampada alcanzaba ya una semana de duración, mientras que en Valencia cientos de personas habían instalado tiendas en las inmediaciones del Ayuntamiento. Estas acciones pretenden mantener la presión social sobre un problema que se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas, especialmente por el aumento de los precios de compraventa y alquiler y la insuficiencia de la oferta en determinadas zonas.
Las movilizaciones se producen además tras el rechazo parlamentario de los dos reales decretos-ley impulsados por el Gobierno en materia de vivienda. La caída de estas normas ha incrementado la tensión política y social alrededor del mercado residencial y ha reforzado las convocatorias de los colectivos de inquilinos, que reclaman nuevas medidas para afrontar las dificultades de acceso a la vivienda.