(Expansión, 12-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo
La OCDE ya había alertado a comienzos de mes de que los efectos de la guerra comercial impulsada por la Administración Trump aún no se habían manifestado por completo y de que la oleada provocada por esta inédita ofensiva arancelaria acabará generando un aumento progresivo de los precios, lo que "reducirá el crecimiento del consumo de los hogares y la inversión empresarial". España tampoco queda al margen de este escenario, un aviso que se ve reforzado por las señales lanzadas por las propias compañías nacionales: más de la mitad de las empresas medianas prevé subir sus precios de venta en 2026. Así lo indica la última edición del International Business Report (IBR) de Grant Thornton, que analiza las preocupaciones y previsiones del middle market tanto a nivel global como en España.
En concreto, el informe -basado en 400 entrevistas a directivos españoles durante el tercer trimestre- refleja que el 56% de las empresas medianas (con entre 50 y 3.000 empleados) se verá obligada a encarecer sus productos en 2026 para compensar el aumento del coste de la energía y de las materias primas.
Durante la primera mitad del año, muchas compañías internacionales recurrieron a sus márgenes o adelantaron exportaciones para amortiguar el impacto inicial de los aranceles. Sin embargo, el comercio mundial, alterado por la estrategia de Trump, ha ido perdiendo fuerza, y los márgenes ya no pueden absorber indefinidamente esos costes. El resultado será un incremento de precios y una mayor presión inflacionaria. En España, la inflación de noviembre se situó en el 3%, casi un punto por encima del promedio de la eurozona, lo que resta competitividad al sector exterior español.
Tampoco se espera una mejora a corto plazo. De hecho, las previsiones de subida de precios entre las empresas medianas españolas han alcanzado "un máximo histórico", según el informe. Estas expectativas han aumentado siete puntos entre el segundo y el tercer trimestre, superando tanto la media de la UE (50%) como la global (53%). Las principales razones que explican estas futuras subidas son el encarecimiento de las materias primas, que preocupa al 49% de los directivos (nueve puntos más en solo un trimestre), y los mayores costes logísticos, señalados por el 43%.
En este contexto, marcado por crecientes tensiones geopolíticas, el clima empresarial no mejora. Aunque el 59% de los directivos aún confía en que la economía española repunte en 2026, es el nivel de optimismo más bajo desde 2023. En un año, este indicador se ha desplomado diez puntos, a diferencia de Europa -donde sube ligeramente hasta el 61%- y del promedio global, que llega al 76%, impulsado por el hecho de que la guerra comercial, aunque inédita en décadas, no está siendo tan destructiva como se temía. Pese a ello, las exportaciones españolas se han frenado: entre enero y septiembre solo crecieron un 0,5%, y las ventas a Estados Unidos cayeron un 7,4%, con un desplome del 30% en agosto.
La previsión de nuevos aumentos de precios llega acompañada de mayores tensiones salariales, en un contexto en el que los sindicatos buscan evitar pérdidas de poder adquisitivo. El IBR recoge datos de un estudio reciente de Randstad que anticipa una subida salarial media del 5% en 2026, impulsada por la inflación y la escasez de mano de obra. En los convenios registrados hasta noviembre, los salarios pactados han aumentado un 3,49%, y en los firmados este año, un 4,15%.
La falta de personal cualificado preocupa ya al 46% de las medianas empresas, un problema que se extiende por todo el tejido empresarial español. Aun así, el 48% espera aumentar sus plantillas y asume que deberá elevar los sueldos por encima de la inflación.
Además de los costes crecientes y la escasez de talento, las compañías del middle market identifican otras trabas para su crecimiento: la incertidumbre económica (54%), las tensiones geopolíticas (49%) y el exceso de regulación y burocracia (47,8%). En este sentido, el 42% reclama una mayor agilidad administrativa, el 40,4% pide reducir la carga fiscal y el 35,3% aboga por una bajada de las cotizaciones sociales.