(El Economista, 24-04-2026) | Laboral
La Asamblea de Madrid ha tumbado este jueves, con los votos en contra del Partido Popular, la proposición de ley impulsada por Más Madrid que planteaba reducir la jornada laboral de los empleados públicos autonómicos a 35 horas semanales, siguiendo el modelo aplicado en la Administración General del Estado.
La iniciativa tenía escasas opciones de prosperar, especialmente tras el rechazo previo expresado por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, durante un pleno anterior. En aquella ocasión, al ser preguntada por la posibilidad de adoptar este sistema en la Comunidad, recordó que, según sus datos, la reducción de jornada en la administración estatal habría supuesto la pérdida equivalente a 17.000 empleos a tiempo completo.
Albert también cuestionó el coste de la medida, señalando que algunos expertos lo sitúan en torno a los 1.000 millones de euros, mientras que la propuesta presentada no incluía memoria económica. A su juicio, esta reducción implicaría una disminución de horas trabajadas sin contemplar reemplazos, lo que podría afectar al funcionamiento del sistema público.
Durante el debate, la diputada de Más Madrid, Esther Rodríguez, defendió la propuesta argumentando que el progreso social pasa por mejorar los derechos laborales, el tiempo disponible y el bienestar de las personas. Sostuvo además que el trabajo debe ser compatible con la vida personal y planteó la reducción de jornada como una cuestión ligada también a la igualdad y la corresponsabilidad, ya que las jornadas extensas no impactan de la misma manera en todos los trabajadores.
Desde el PSOE, Daniel Rubio mostró su apoyo a la medida y destacó que la reducción en la Administración General del Estado fue fruto de una negociación compleja, orientada a preservar la calidad de los servicios públicos y los derechos laborales. También recordó que este tipo de iniciativas ya se han aplicado en otros ámbitos territoriales.
Por su parte, el Partido Popular criticó que se retomara esta propuesta sin conocer con claridad su impacto económico. La diputada Ainhoa García Jabonero señaló que el Gobierno central no ha presentado estudios detallados sobre el coste de la medida y advirtió de que supone un gasto elevado que debería analizarse con rigor. Además, apuntó al contexto demográfico de la administración, donde en los próximos años se prevé la jubilación de cerca del 20 % de la plantilla y una elevada edad media entre los empleados públicos.
Desde Vox, la diputada Ana Cuartero sostuvo que el problema no es la falta de recursos, sino de voluntad política, y defendió priorizar los derechos de los trabajadores públicos frente a otros gastos, en referencia a la gestión de la inmigración.