(El Economista, 23-02-2026) | Fiscal
Debido a su carácter descentralizado, España no cuenta con un único sistema tributario, sino con distintos regímenes fiscales según la comunidad autónoma en la que se tribute. Por ello, cada año la Tax Foundation y la Fundación para el Avance de la Libertad elaboran el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACT), en el que la Comunidad de Madrid figura como la región más favorable desde el punto de vista tributario, mientras que Cataluña ocupa el último lugar.
En la edición de 2025, la economista Cristina Enache analizó la estructura de los 19 sistemas fiscales existentes en el país, incluidos los del régimen común, los forales de País Vasco y Navarra, así como los regímenes especiales de Islas Canarias, Ceuta y Melilla.
Según el informe, Madrid se mantuvo en 2025 en el primer puesto con una puntuación de 7,02 sobre 10. No obstante, la experta señala que su valoración descendió ligeramente -0,21 puntos- debido a que otras comunidades han reducido la distancia que las separaba de la capital.
Entre las medidas destacadas de Madrid figura la ampliación de la bonificación del impuesto sobre Sucesiones para los familiares del grupo III, que pasó del 25% al 50%. Además, se prevé que la región mejore su posición en futuras clasificaciones tras anunciar la deflactación de los tramos autonómicos del IRPF.
En el extremo contrario, Cataluña continúa en última posición porque mantiene un número de tributos propios superior al del resto de comunidades, lo que reduce su competitividad fiscal. Aunque en noviembre de 2024 prorrogó la tarifa del impuesto sobre el Patrimonio -con un tipo marginal máximo del 3,48%-, también introdujo algunos ajustes en el IRPF autonómico: rebajó el tipo del primer tramo del 10,5% al 9,5%, actualizó los tramos iniciales para compensar la inflación y simplificó la escala, que pasó de nueve a ocho niveles.
Asimismo, en marzo de 2025 reformó el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, ampliando su estructura de dos a cuatro tramos y elevando el tipo máximo del 11% al 13%. También estableció un gravamen del 20% para la compra de viviendas por parte de grandes propietarios y para la adquisición de edificios completos.
En conjunto, estas diferencias reflejan la diversidad del mapa fiscal español, donde la carga tributaria puede variar notablemente según el territorio en el que se resida o se tribute.