(Expansión, 22-01-2026) | Fiscal
El Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha el proceso para elaborar la nueva Ley de Empresa Familiar, una norma que ampliará las ventajas fiscales a un abanico más amplio de familiares -incluidos hermanos, tíos, sobrinos y primos hermanos- y suprimirá la exigencia de haber cumplido los 65 años para poder donar una empresa.
La Comunidad de Madrid ha iniciado formalmente la modificación del marco legal que regula la empresa familiar. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del informe relativo al anteproyecto de esta ley, cuyo objetivo principal es reducir la carga fiscal en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con el fin de facilitar el relevo generacional. El Gobierno regional prevé que la Asamblea de Madrid dé luz verde al texto a mediados de este año, y que la norma entre en vigor un mes después de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
La medida más destacada de la futura ley es el aumento de la reducción aplicable en la base imponible del impuesto cuando se produzca la transmisión, por herencia o donación, de una empresa individual, un negocio profesional o participaciones societarias. Mientras que la normativa estatal fija actualmente esta reducción en el 95%, en la Comunidad de Madrid se elevará hasta el 99%. Para beneficiarse de esta bonificación casi total, el adquirente deberá comprometerse a mantener los activos recibidos durante un periodo mínimo de cinco años.
Además de incrementar el porcentaje de la reducción, la nueva regulación amplía de forma significativa el número de personas que podrán acogerse a ella. Hasta ahora limitada a familiares directos, la norma incorporará tanto a ascendientes como a parientes colaterales. En concreto, se incluirá a los miembros del grupo III de parentesco -hermanos, sobrinos, tíos, suegros, yernos y nueras- y, como novedad relevante, también al grupo IV, que engloba a los primos hermanos.
La ley también introduce mayor flexibilidad en las transmisiones realizadas en vida. Desaparece el requisito vigente que obliga al donante a tener más de 65 años o a encontrarse en situación de gran invalidez o incapacidad permanente, lo que permitirá adelantar el traspaso del negocio a etapas más tempranas de la vida laboral.
De acuerdo con las previsiones del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso, estas reformas tendrán un efecto directo sobre la actividad económica de la región. Se estima que cerca de 450.000 empresas se verán beneficiadas, lo que equivale al 93% del tejido empresarial madrileño, un sector que representa el 65% del PIB regional y concentra el 60% del empleo privado.
En el ámbito fiscal, el Ejecutivo calcula que alrededor de 1.500 contribuyentes podrán acogerse a estas nuevas ventajas, lo que supondrá un ahorro conjunto cercano a los 2 millones de euros al año para las familias empresarias de la Comunidad de Madrid. Estas reducciones serán compatibles con las bonificaciones generales ya existentes en la región.