(El Economista, 30-04-2026) | Laboral
El absentismo laboral se ha convertido en una de las principales inquietudes para las empresas en los últimos años. Denuncian que el incremento de las bajas por incapacidad temporal no solo eleva los costes, sino que también complica la organización del trabajo. Según la última encuesta del mercado laboral elaborada por el INE, más de un millón de personas no acudieron a su puesto en la semana de referencia por enfermedad o accidente, lo que refleja la dimensión que ha alcanzado este fenómeno.
Los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año muestran un aumento del 8,8% respecto al mismo periodo de 2025, lo que confirma que la tendencia al alza se mantiene desde la pandemia. A comienzos de este año, 1.075.900 trabajadores estaban ausentes por baja temporal, accidente o enfermedad, frente a algo más de 532.000 en el mismo trimestre de 2019. En términos prácticos, la cifra se ha duplicado en estos años.
Este motivo se sitúa ya como la principal causa de ausencia laboral en la encuesta del INE. Aunque las razones varían según el periodo, es la primera vez que más de un millón de personas mencionan las bajas por incapacidad temporal como explicación. En comparación, menos de 900.000 estaban de vacaciones y unas 150.000 disfrutaban de permisos por nacimiento.
La situación no sorprende a sindicatos ni empresarios, que mantienen conversaciones con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde finales de 2024, aunque sin avances concretos hasta ahora. Entre las propuestas planteadas por el Gobierno destacan la reincorporación progresiva de pacientes oncológicos y la obligación de que los médicos especifiquen las limitaciones laborales en casos de trabajadores con más de una actividad.
Diversos análisis, como los de la AIReF o la OCDE, señalan que el aumento de las bajas está muy vinculado a problemas de salud mental y a deficiencias en la gestión de estos procesos. Empresarios y sindicatos coinciden en la necesidad de adoptar medidas más profundas. En 2024 se alcanzó un acuerdo para que las mutuas pudieran atender lesiones físicas derivadas de accidentes no laborales, aunque su aplicación por ahora se limita a algunas comunidades autónomas y su impacto es reducido.
Además, las mutuas no pueden intervenir en casos relacionados con trastornos como la ansiedad o la depresión, que están impulsando el número de bajas, especialmente entre los trabajadores más jóvenes, debido a la oposición sindical. Aun así, el Gobierno no descarta ampliar sus funciones en el futuro.
Desde el ámbito empresarial, tanto las grandes organizaciones como los sectores más afectados, especialmente el de servicios, advierten de las dificultades para mantener la actividad con múltiples ausencias, cubrir puestos vacantes o incluso operar con normalidad en pequeñas empresas, donde una sola baja puede obligar a cerrar temporalmente. También destacan el impacto económico, que estiman en más de 16.000 millones de euros, una cifra que habría sido superada en 2025, cuando la Seguridad Social destinó unos 18.000 millones a estas prestaciones.
Ante esta situación, algunas empresas plantean en la negociación colectiva reducir los complementos salariales durante las bajas al nivel que cubre la Seguridad Social, con el objetivo de contener su crecimiento.
Ya en 2023, patronal y sindicatos reconocieron la necesidad de abordar este problema en el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que sirvió de base para el pacto alcanzado con el Gobierno en 2024 sobre el papel de las mutuas. Sin embargo, tres años después, esta cuestión se ha convertido en un punto de desacuerdo que está retrasando nuevas negociaciones.
Aunque ha habido contactos discretos entre las partes, aún no se ha constituido formalmente la mesa de diálogo. Los sindicatos buscan fijar criterios claros para los convenios antes de que aumenten los conflictos laborales, mientras que los empresarios consideran que la falta de avances en materia de absentismo bloquea cualquier progreso.
Por su parte, las organizaciones sindicales defienden que antes de adoptar medidas es necesario analizar en profundidad las causas del aumento de las bajas. También critican que algunos informes se centren más en el gasto que en la recuperación de la salud de los trabajadores, y confían en que los nuevos órganos de estudio tengan más en cuenta este enfoque.