(El País, 12-05-2025) | Laboral
El 15 de junio de 2023 -a tan solo un mes y una semana de las elecciones generales-, el Ministerio de Trabajo dio a conocer ante la opinión pública el estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas, conocido popularmente como el estatuto del becario. Se trató de un proyecto consensuado con UGT y CC OO, pero que no contó con el apoyo de las patronales ni de los rectores universitarios. Ahora, casi dos años después, el acuerdo alcanzado con los sindicatos aún no se ha convertido en normativa vigente, ya que el Gobierno no lo ha aprobado, algo sin precedentes en los acuerdos del diálogo social de los últimos años. Este jueves, a 693 días de aquel anuncio en el ministerio, los sindicatos hacen un llamado urgente al Ejecutivo y al Parlamento para que desbloqueen una norma que otorgaría mayores derechos a los becarios.
En un comunicado conjunto, las ramas juveniles de UGT y CC OO reivindican el Día Internacional del Becario para reiterar la exigencia de la aprobación inmediata del Estatuto del Becariado. Aseguran que han transcurrido casi dos años desde la firma del acuerdo entre CC OO, UGT y el Ministerio de Trabajo el 15 de junio de 2023, y continúan esperando su ratificación en el Consejo de Ministros.
Ambos sindicatos denuncian que, desde esa fecha, "decenas de miles de jóvenes siguen siendo víctimas de un sistema de prácticas lleno de abusos, que oculta relaciones laborales, carece de garantías mínimas y perpetúa la precariedad en los inicios de la vida profesional". La iniciativa busca corregir estas situaciones mediante varias medidas: limitar a 480 horas el máximo de prácticas extracurriculares -ámbito en el que se concentra el fraude por no estar directamente vinculadas con la formación-, establecer un régimen sancionador para penalizar las infracciones graves con multas de hasta 225.018 euros y obligar a las empresas a asumir los gastos del becario, como el transporte hacia el centro donde se realicen las prácticas. Es importante resaltar que la normativa no obliga a remunerar al becario.
Este último aspecto es uno de los más polémicos, ya que algunos críticos temen que tanto empresas como entidades del tercer sector e instituciones públicas se rehúsen a cubrir esos costes, situación denunciada recientemente por los rectores en una carta dirigida a la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz. En la misiva, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas solicitaba, además, un compromiso explícito del sector empresarial en este sentido, ante el riesgo de que dichos gastos terminen recayendo sobre las universidades. Por su parte, el Ministerio de Trabajo interpretó la misiva como un respaldo a la compensación de estos gastos y no hizo énfasis en las preocupaciones de los rectores sobre quién debería asumirlos.
Los sindicatos subrayan que la norma es un avance imprescindible para mejorar las condiciones de los becarios, garantizar sus derechos y reducir el fraude existente en las prácticas no laborales, y recalcan que "no pueden seguir existiendo excusas; el estatuto no debe seguir archivado". Además, insisten en la necesidad de que exista un consenso en el Gobierno para materializar el estatuto, haciendo alusión a las diferencias de opinión entre el PSOE y Sumar.
El mismo día de su presentación, la parte socialista del Ejecutivo manifestó que el texto pactado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos aún estaba "verde" y requería "trabajo técnico". En ningún momento antes el Gobierno había criticado un acuerdo del departamento de Trabajo y de los sindicatos en la misma jornada en la que se daba a conocer públicamente. En octubre de 2024, el ministerio sometió a audiencia pública el anteproyecto, a pesar de no haber alcanzado un consenso interno.
El Ministerio ha enfatizado que, después de abordar la reducción de jornada, el tema más prioritario es el estatuto del becario. "Hemos realizado pasos importantes, como la audiencia y consulta pública. Una vez finalizado el anteproyecto de reducción de jornada, retomaremos el estatuto, un compromiso heredado de la legislatura anterior y reafirmado en el acuerdo de coalición, del que también se ha responsabilizado el presidente del Gobierno", comentó en febrero Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, añadiendo que los trabajos estaban "avanzadísimos" y que se hablaría de ello a la mayor brevedad posible.
En su comunicado, tanto UGT como CC OO instan a los partidos políticos a comprometerse en la regulación de una medida tan necesaria para la inserción laboral de los jóvenes y para adaptar la formación a las necesidades de las empresas, concluyendo que "la juventud no puede esperar más".