(El País, 03-11-2026) | Laboral
Los sindicatos UGT y CC OO han solicitado a la Seguridad Social que estudie la posibilidad de anticipar la edad de jubilación de los trabajadores de asistencia en tierra de los aeropuertos, conocidos como personal de handling, debido a las exigencias físicas y los riesgos laborales asociados a su actividad. La petición, registrada el pasado viernes ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y sin el respaldo de la patronal, plantea la aplicación de coeficientes reductores que permitan adelantar el retiro sin que ello suponga una penalización en la cuantía de la pensión.
La iniciativa afecta a unos 14.000 trabajadores dedicados a la manipulación y traslado de equipajes, mercancías y correo, así como a la conducción de vehículos y maquinaria de tierra y al apoyo directo a las operaciones aeroportuarias. Quedan fuera de esta solicitud otros 10.000 empleados del sector que desempeñan funciones administrativas o de atención al cliente. Las organizaciones sindicales justifican su reclamación por la elevada exigencia física de estos puestos, que requieren levantar y desplazar cargas, mantener posturas forzadas, realizar movimientos repetitivos y efectuar esfuerzos en espacios de trabajo reducidos.
Según UGT y CC OO, estas condiciones provocan una exposición continuada a riesgos ergonómicos que favorecen la aparición de lesiones musculoesqueléticas, como lumbalgias y tendinopatías, además de prolongar los periodos de incapacidad temporal y aumentar la posibilidad de desarrollar incapacidades permanentes. Las centrales también advierten de las consecuencias sobre la salud mental, especialmente entre quienes trabajan en turnos irregulares o durante la noche, con una mayor incidencia de problemas de fatiga, alteraciones del sueño, depresión y síndrome de desgaste profesional.
A estos factores se añaden la exposición al ruido, las vibraciones y las temperaturas extremas, así como el contacto con sustancias químicas y agentes potencialmente cancerígenos procedentes de las emisiones de los motores diésel y de queroseno. Los sindicatos consideran que el envejecimiento agrava estos riesgos, ya que reduce la fuerza, la movilidad y la capacidad de recuperación física, incrementando la frecuencia y gravedad de las bajas laborales. Por ello, sostienen que las medidas preventivas y las adaptaciones de los puestos de trabajo no son suficientes para eliminar las condiciones de penosidad, peligrosidad, toxicidad e insalubridad propias de esta actividad.
La solicitud se apoya también en los índices de incapacidad temporal y accidentes laborales del colectivo, que, según las organizaciones sindicales, superan los promedios del conjunto de la población trabajadora. El registro de la petición inicia el procedimiento administrativo que podría concluir con la concesión de coeficientes reductores, siempre que los informes técnicos y el análisis de los indicadores de siniestralidad y absentismo justifiquen el adelanto de la edad de jubilación.
La reclamación no cuenta con el apoyo de la patronal del sector, Aseata. UGT y CC OO aseguran que han intentado alcanzar un acuerdo con las empresas, pero las conversaciones no han permitido lograr una posición común. Esta falta de consenso se repite en otras actividades que también reclaman adelantar la jubilación, como la construcción y la ayuda a domicilio. Entre las principales objeciones empresariales figura el impacto económico de la medida, que implica un incremento de las cotizaciones sociales para financiar el coste del anticipo de la jubilación.
La Seguridad Social, por su parte, prefiere que las solicitudes cuenten con el respaldo conjunto de sindicatos y patronales. Es el caso de los expedientes del transporte de mercancías y de viajeros, que se encuentran entre los más avanzados. En el primero está prevista la convocatoria de una comisión de expertos para evaluar la documentación, mientras que el segundo permanece pendiente de algunos informes. En ambos sectores, el apoyo empresarial se consiguió después de que las organizaciones sindicales condicionaran la desactivación de posibles movilizaciones a la aceptación de sus reivindicaciones.
Sin embargo, la tramitación de estos expedientes acumula importantes retrasos. Aunque la normativa establece un plazo de seis meses para que la Seguridad Social responda, ha transcurrido aproximadamente un año desde su presentación sin que se haya producido una resolución. Los sindicatos denuncian que el Ministerio ha incumplido los plazos previstos, incluso teniendo en cuenta que la recepción efectiva de la documentación se produjo con posterioridad a su registro. La convocatoria electoral tampoco debería alterar los tiempos administrativos establecidos para estos procedimientos.
La demora ha elevado la tensión sindical. CC OO ha advertido de que podría convocar una huelga indefinida si el actual Gobierno o el próximo mantienen paralizada la tramitación o rechazan finalmente las solicitudes. Como primera medida, ha anunciado movilizaciones ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social entre el 11 y el 29 de noviembre. La organización insiste en que su protesta no responde a intereses partidistas, sino a la exigencia de que se cumplan los plazos legales. Por su parte, USO también ha reclamado la convocatoria de una huelga general ante el estancamiento de las negociaciones sobre la jubilación anticipada de los conductores profesionales.
Otros colectivos han conseguido acceder a los coeficientes reductores mediante la aprobación de normas específicas, sin necesidad de recurrir al nuevo procedimiento administrativo. Es el caso de los bomberos y agentes forestales, a quienes el Gobierno reconoció este derecho mediante decreto. También cuentan con sistemas de jubilación anticipada los mineros, los trabajadores del mar, determinados cuerpos de policías autonómicas y los pilotos de aviación.
Precisamente, la situación de estos últimos ha llevado a las tripulantes de cabina a reclamar un tratamiento equivalente y el reconocimiento de la jubilación anticipada mediante decreto. El Congreso ha respaldado recientemente una proposición no de ley de Sumar que insta al Gobierno a concederles este derecho. De esta forma, las reivindicaciones para adelantar la edad de retiro se extienden a nuevos sectores profesionales, mientras continúa pendiente la resolución de varios expedientes que ya llevan meses en tramitación.