(El Economista, 27-10-2026) | Laboral
UGT y CCOO decidieron el pasado 5 de octubre convocar una huelga general por el derecho a la vivienda, coincidiendo con la fecha en la que estaba previsto un encuentro con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme para abordar, entre otras cuestiones, la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que sirve de referencia para las subidas salariales pactadas en los convenios. Según ha podido saber elEconomista.es, la reunión fue finalmente desconvocada por los representantes sindicales.
La falta de avances para renovar este acuerdo, cuya vigencia terminó en diciembre de 2025, es uno de los argumentos que esgrimen ambos sindicatos para justificar el paro de 24 horas previsto para el próximo 11 de noviembre. UGT y CCOO reclaman recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y responsabilizan a la patronal del bloqueo de las negociaciones.
Consultados por este periódico, los dos sindicatos niegan que la reunión llegara a convocarse formalmente. No obstante, fuentes sindicales reconocen que es habitual mantener contactos con las organizaciones empresariales y que se estudió celebrar un encuentro el 5 de octubre para tratar distintos asuntos. La posibilidad se descartó finalmente porque coincidía con las reuniones internas en las que ambas centrales decidieron si daban el paso de convocar la huelga general.
Desde el ámbito empresarial, sin embargo, consideran que la reunión tenía especial relevancia, hasta el punto de que el asunto se abordó en la última reunión de los órganos de dirección de CEOE. Fuentes empresariales señalan que el encuentro iba a ir más allá de los contactos informales mantenidos durante los últimos meses. Aunque no estaba previsto que participaran equipos negociadores ni que se tratara de una reunión formal, esperaban que sirviera para establecer las bases de la negociación del AENC.
Los sindicatos solicitaron en enero a las organizaciones empresariales que constituyeran la mesa para renovar el acuerdo, pero aseguran que no han recibido respuesta. La reunión prevista para el 5 de octubre tampoco habría servido para poner en marcha formalmente las negociaciones, aunque los representantes empresariales confiaban en que permitiera reducir las diferencias entre ambas partes. CEOE y Cepyme, por su parte, reprochan a UGT y CCOO que se nieguen a incluir el absentismo laboral entre los asuntos que deben abordarse en este proceso.
En la documentación presentada por los sindicatos ante el Ministerio de Trabajo el 19 de octubre para registrar la convocatoria de huelga se recoge la cronología de sus intentos por abrir la negociación. El 27 de enero, UGT y CCOO trasladaron su propuesta para renovar el AENC y, el 5 de febrero, comunicaron a CEOE y Cepyme su voluntad de iniciar las conversaciones para alcanzar el sexto acuerdo. El último intento que mencionan en el documento se produjo el 15 de septiembre, cuando volvieron a reclamar la apertura de la mesa sin obtener respuesta de las organizaciones empresariales.
El escrito sostiene que, ante la falta de contestación tanto de la patronal como de los poderes públicos, los sindicatos decidieron convocar la huelga general, aunque mantienen su disposición a alcanzar mediante la mediación un acuerdo que permita desconvocarla. Las conversaciones celebradas posteriormente en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) no lograron acercar las posiciones, por lo que la convocatoria se mantiene.
Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, insistieron en que CEOE es la principal destinataria de la protesta por el derecho a la vivienda. Álvarez rechazó que se presente la huelga como una movilización política o vinculada a las elecciones y afirmó que responde a la falta de avances en la negociación colectiva. Según el dirigente de UGT, los sindicatos llevan más de un año esperando a que la patronal se siente a negociar el AENC, marco en el que las organizaciones empresariales consideran que también debería tratarse la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
En la misma línea, Sordo sostuvo que la protesta interpela directamente a CEOE por no facilitar un acuerdo sobre los convenios colectivos que permita distribuir la riqueza generada por las empresas entre los trabajadores. El responsable de CCOO criticó el bloqueo de las negociaciones salariales y defendió que los incrementos se sitúen entre el 4% y el 7% anual, con el objetivo de reducir la distancia respecto al salario medio.
Las organizaciones empresariales rechazan, sin embargo, que la patronal deba asumir la responsabilidad por el problema del acceso a la vivienda. CEOE y Cepyme consideran que la solución corresponde principalmente a las administraciones públicas que tienen competencias en esta materia y cuestionan que se convoque una huelga de 24 horas contra las empresas. También califican la movilización de política y critican que coincida con la convocatoria de elecciones generales.
Estas posiciones reflejan el desacuerdo sobre la intención sindical de incorporar la vivienda a la negociación colectiva. En su propuesta para el AENC, UGT y CCOO plantean que CEOE se comprometa a promover complementos salariales destinados a facilitar el acceso a una vivienda digna en los convenios que se negocien en las zonas más afectadas por el encarecimiento residencial.
No es la primera vez que los sindicatos proponen vincular los salarios a la evolución del mercado inmobiliario. En anteriores ocasiones han defendido incorporar a los convenios algún indicador que permita tener en cuenta el aumento de los precios de la vivienda a la hora de pactar las subidas salariales, dado que el índice de precios de consumo (IPC), utilizado habitualmente como referencia, no refleja de forma específica esa evolución.