(El País, 22-09-2026) | Laboral
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que convocará a los sindicatos y a las organizaciones empresariales para negociar un acuerdo que permita abordar el impacto de la inteligencia artificial (IA) sobre la economía y el mercado laboral. Según La Moncloa, el objetivo es favorecer una implantación rápida de esta tecnología, pero dentro de un marco de gobernanza que garantice mayores niveles de seguridad y confianza. Los sindicatos han valorado positivamente la convocatoria, aunque reclaman que la negociación tenga suficiente alcance. UGT plantea incluso debatir la posible contribución de la IA a la financiación de la Seguridad Social, mientras que CC OO reclama que su utilización responda a criterios éticos.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado la iniciativa de "muy buena" y ha señalado que espera que en la mesa se pueda abordar cualquier cuestión relacionada con la IA. Durante su intervención en la Universidad de Alcalá, con motivo de las jornadas confederales de UGT sobre la salud en los centros de trabajo, Álvarez ha advertido de que la tecnología sí provocará destrucción de empleo y ha puesto en duda que puedan generarse suficientes puestos alternativos para compensar las pérdidas. Las previsiones de los expertos, sin embargo, no son unánimes: mientras algunos estudios contemplan escenarios de fuerte destrucción de empleo, otros estiman que la creación de nuevas ocupaciones podría compensar buena parte de los puestos que desaparezcan.
Álvarez también ha defendido que las grandes empresas no pueden quedar al margen de las consecuencias sociales derivadas de la automatización. A su juicio, el Estado tendrá que afrontar una parte de ese impacto y, por ello, considera necesario estudiar fórmulas para que la IA y otras tecnologías contribuyan al sostenimiento de la Seguridad Social. El dirigente sindical ha vinculado esta cuestión con la necesidad de preservar el Estado del bienestar y de establecer límites ante los efectos de la transformación tecnológica.
CC OO coincide en reclamar una regulación específica. Su secretaria de Participación Institucional, Carmen Vidal, recuerda que el sindicato lleva tiempo planteando la necesidad de establecer normas laborales para el uso de la IA. La creciente incorporación de estas herramientas a las empresas, señala, hace necesario garantizar una gobernanza adecuada y conocer los posibles sesgos de los sistemas utilizados. La automatización ya afecta a procesos que anteriormente dependían de trabajadores, desde la selección de personal y la organización de turnos hasta determinadas decisiones relacionadas con los despidos. Vidal considera positiva la convocatoria del Gobierno, aunque reclama que la negociación tenga mayor ambición.
Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que participaron en el acto en el que Sánchez anunció la iniciativa, todavía no se han pronunciado sobre la convocatoria. El documento difundido por La Moncloa plantea alcanzar un acuerdo tripartito entre Gobierno, sindicatos y empresas. La propuesta llega después de dos años sin un pacto entre el Ejecutivo y la patronal. Además, el Gobierno todavía no ha concretado qué ministerio se encargará de dirigir la mesa de diálogo, aunque sí ha avanzado que los trabajos comenzarán durante el mes de octubre.
Entre las medidas anunciadas figura también la creación de un observatorio permanente encargado de seguir la evolución de la inteligencia artificial y sus efectos sobre el empleo. La intención es utilizar sus conclusiones para orientar las políticas de empleo y formación, así como las futuras adaptaciones de la regulación. El Ejecutivo prevé, asimismo, constituir una mesa específica con representantes del sector cultural para analizar las consecuencias de la IA sobre la creación artística y su dimensión económica y cultural, además de abordar su gobernanza.
En este ámbito, el Ministerio de Trabajo ya trabaja en un anteproyecto de ley destinado a regular la utilización mediante IA de la voz y la imagen de los artistas, con el objetivo de garantizar que su reutilización sea remunerada. El Gobierno considera que el futuro acuerdo social deberá abordar tanto la distribución de los beneficios derivados de la nueva tecnología como las garantías necesarias para acompañar la transformación del modelo productivo. La Moncloa sitúa ese equilibrio entre innovación, reparto de beneficios y protección de los trabajadores como uno de los elementos determinantes para la sostenibilidad del nuevo escenario tecnológico.