(El Economista, 17-09-2025) | Laboral
Las direcciones de CCOO y UGT ya han comenzado a trabajar para fijar la propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de cara a 2026. Sin embargo, fuentes sindicales señalan que la cifra concreta no es ahora mismo su prioridad. El foco inmediato está en impedir que las empresas utilicen la subida del SMI como argumento para absorber complementos salariales pactados en convenio. Tanto es así que los sindicatos condicionan cualquier pacto con el Ministerio de Trabajo a que se atienda esta exigencia.
Desde las centrales sindicales critican que, en los últimos años, conforme el SMI ha superado algunos tramos salariales recogidos en convenios colectivos, las empresas han optado por reducir pluses como los de peligrosidad, nocturnidad o disponibilidad. De este modo, evitan que se eleven los salarios que quedan justo por encima del mínimo. La Justicia ha respaldado esta práctica, ya que dichos complementos también forman parte de la retribución y lo relevante es que la suma del salario base y de los pluses alcance el SMI.
No obstante, los sindicatos reclaman un cambio de criterio: quieren que el salario base sea como mínimo equivalente al SMI y que los complementos se mantengan intactos. Esta petición no es nueva; en febrero, Trabajo ya se comprometió a revisar "los criterios de compensación y absorción" derivados de la subida del SMI.
La modificación debería reflejarse en una nueva redacción del real decreto que regula este salario. Pero Yolanda Díaz decidió vincular este debate a la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos, cuya negociación se encuentra estancada, según denuncian los sindicatos, por falta de interés de la patronal CEOE. Las organizaciones de trabajadores insisten en que no se puede seguir retrasando y piden al Gobierno un reglamento específico, cuya aprobación sería más ágil al no necesitar el visto bueno del Congreso.
Por ahora, Trabajo no ha dado señales de querer excluir los complementos de la absorción, limitándose a señalar que estudiará cómo se está aplicando la adaptación de los salarios para decidir si conviene modificar algún criterio. Un cambio de esta magnitud afectaría a toda la arquitectura de los convenios colectivos y, previsiblemente, encontraría un fuerte rechazo de las patronales.
UGT pone como ejemplo la necesidad de salvaguardar el complemento de insularidad en Canarias y Baleares o los pluses equivalentes de Ceuta y Melilla. Pero tanto UGT como CCOO apuestan por una revisión más amplia que evalúe un extenso catálogo de complementos y defina cuáles deben quedar fuera del cómputo del SMI.