(El País, 07-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno ha aprobado de nuevo los dos decretos de vivienda que el Congreso rechazó el pasado viernes, con un contenido muy similar al de las normas que decayeron entonces. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que se mantiene la esencia de las medidas anteriores porque las circunstancias que justificaron su aprobación no han cambiado, pese al adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre.
El primero de los decretos recupera el denominado escudo social para evitar el desahucio de personas vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional. También incluye nuevas medidas de apoyo a la vivienda, entre ellas un paquete de avales de 680 millones de euros para impulsar la construcción industrializada y la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales. A ello se suma una línea de 10.000 millones de euros gestionada por el ICO para facilitar el acceso a la primera vivienda.
El nuevo texto mantiene además las bonificaciones fiscales en el IRPF vinculadas al alquiler, tanto para los inquilinos como para los pequeños propietarios que ofrezcan sus viviendas a precios asequibles. En el caso de los arrendatarios, Sánchez ha señalado que la deducción podría alcanzar casi los 1.000 euros anuales para un alquiler medio de 800 euros.
También se mantiene la posibilidad de acceder a préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para financiar la compra de la primera vivienda. La línea de financiación contará con 10.000 millones de euros y será gestionada por el ICO. A diferencia del planteamiento inicial, el Gobierno ha insistido en que esta medida no estará limitada a los jóvenes, sino que podrá beneficiar a compradores de distintas generaciones.
Entre las novedades económicas destaca la creación de un fondo de 280 millones de euros en avales destinado a favorecer la construcción industrializada de viviendas, con el objetivo de aumentar la oferta en un periodo reducido. Otros 400 millones se dirigirán a apoyar a los proveedores de vivienda social mediante ayudas a la promoción, que podrían contribuir a financiar hasta 30.000 viviendas. Además, Casa47, la empresa pública estatal de vivienda, adquirirá miles de inmuebles procedentes de la Seguridad Social.
El decreto recupera asimismo la posibilidad de prorrogar durante dos años los contratos de alquiler que estén próximos a finalizar y mantiene la limitación de las actualizaciones de las rentas. El mecanismo se aplicaría, según el esquema del texto anterior, a los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que el arrendatario se encuentre al corriente de pago.
El Gobierno también pretende reforzar el control sobre los alquileres de temporada y por habitaciones para combatir el fraude y plantea elevar el IVA de las viviendas turísticas para que tributen como una actividad económica. El modelo anterior establecía un tipo del 10% para las viviendas turísticas y los alquileres de corta duración de hasta 30 noches.
El nuevo decreto introducirá además obligaciones sobre la publicidad y comercialización de viviendas en alquiler. Los anuncios deberán incorporar información como el índice de referencia del precio del alquiler, el límite de renta aplicable en las zonas sometidas a regulación y, cuando corresponda, la condición de gran tenedor del propietario.
El segundo decreto se centra en la prórroga automática de los contratos de alquiler una vez alcanzado su vencimiento, por un periodo equivalente al de su duración inicial, cinco o siete años en función del tipo de arrendador. Sin embargo, Sánchez ha advertido de que esta norma solo entrará en vigor si obtiene los apoyos necesarios en la Diputación Permanente, dado que cuenta con un respaldo político más limitado.
La aprobación de estos dos nuevos textos llega después de las movilizaciones sociales relacionadas con el acceso a la vivienda y de la presión generada por casos como el de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid contribuyó a impulsar las protestas. Aunque el Congreso rechazó los decretos la semana pasada, el Ejecutivo ha optado por volver a aprobarlos mediante una vía que permita su eventual convalidación por la Diputación Permanente.
Los textos aprobados todavía no se han difundido íntegramente, por lo que no pueden ser idénticos a los que fueron rechazados por el Pleno para evitar posibles problemas jurídicos. A falta de conocer su redacción definitiva, la principal diferencia anunciada hasta ahora se encuentra en el refuerzo de las medidas financieras destinadas a impulsar la construcción industrializada de viviendas.