(Expansión, 20-11-2026) | Laboral
La entrada en vigor, el pasado 1 de agosto de 2026, de la ley que regula la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para los mutualistas obligaba al Gobierno a aprobar, en un plazo de tres meses, el reglamento encargado de desarrollar el procedimiento para trasladar a la Seguridad Social los ahorros acumulados por los profesionales en sus mutualidades alternativas. Sin embargo, su tramitación ha quedado paralizada por la convocatoria de elecciones generales y no se retomará hasta que se constituya el nuevo Ejecutivo. De este modo, el reglamento, cuyo plazo de aprobación expiró el pasado 29 de octubre, tendrá que esperar.
La medida podría beneficiar a cerca de 100.000 profesionales, entre ellos abogados -que representan aproximadamente la mitad del colectivo-, arquitectos, procuradores, médicos e ingenieros. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció recientemente en una entrevista televisiva que esta cuestión continúa pendiente. Entretanto, la plataforma Mutualistas por el Futuro ha expresado su preocupación por las propuestas incluidas por el PSOE en su programa electoral, que contempla acabar progresivamente con la alternatividad de las mutualidades y limitar su función a la previsión social complementaria.
Los mutualistas consideran que esta propuesta supondría alterar el planteamiento de la Ley 2/2026, que incorporó una enmienda de Junts para descartar la desaparición de la alternatividad. La norma establece únicamente la elaboración de un informe de evaluación del modelo antes del 31 de diciembre de 2030, cuyas conclusiones podrán servir para revisar, mantener o modificar el sistema vigente. La redacción inicial impulsada por el PSOE, en cambio, contemplaba que desde el 1 de enero de 2028 todos los autónomos tuvieran que incorporarse obligatoriamente a la Seguridad Social.
Por este motivo, la plataforma reclama que el desarrollo reglamentario respete el contenido y la finalidad de la ley. También pide que, si el PSOE vuelve a formar Gobierno, se mantengan los plazos y los mecanismos de evaluación previstos, sin anticipar el resultado de ese análisis ni condicionar sus conclusiones.
Entre los aspectos que deberá concretar el reglamento destaca el coeficiente de conversión, que la ley sitúa entre el 0,67 y el 0,87 para tener en cuenta las contingencias no cubiertas. Este parámetro será determinante para establecer cuántos años de cotización podrán reconocerse en el sistema público a partir del capital acumulado por cada profesional en su mutualidad.
Otra cuestión pendiente es el procedimiento para transferir los fondos desde las mutualidades a la Seguridad Social. La ley se limita a establecer que el traslado deberá realizarse de manera ordenada, mientras que las entidades reclaman que se efectúe cuando se produzca el hecho causante, es decir, en el momento en que el mutualista, una vez incorporado al sistema público, acceda a la jubilación.