(El Economista, 31-07-2026) | Laboral
Los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y de Trabajo y Economía Social finalizaron 2025 sin ejecutar una parte importante de los recursos presupuestarios que tenían asignados. De acuerdo con los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el departamento encabezado por Diana Morant dejó sin utilizar el 33,94% de su presupuesto, mientras que el dirigido por Yolanda Díaz no ejecutó el 25,8% de los fondos disponibles.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dispuso en 2025 de un presupuesto de 7.090 millones de euros, lo que representó un incremento del 11,3% respecto a los 6.367 millones consignados en 2024. Del total asignado, ejecutó 4.684 millones, frente a los 3.934 millones gastados el año anterior.
La mayor parte de los recursos de este ministerio se destina a impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación mediante la financiación de proyectos científicos, la contratación de personal investigador, el desarrollo de infraestructuras de I+D y programas orientados a facilitar la transferencia de conocimiento y tecnología al tejido empresarial.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Economía Social contó con un presupuesto de 858 millones de euros en 2025, un 23% inferior al del ejercicio anterior, cuando ascendía a 1.120 millones. La ejecución alcanzó los 636,4 millones, por debajo de los 787,3 millones utilizados en 2024.
Los fondos gestionados por este departamento financian algunas de las principales políticas laborales del Estado, entre ellas la protección por desempleo, las políticas activas de empleo, la Inspección de Trabajo, la prevención de riesgos laborales, la negociación colectiva, los mecanismos de mediación y arbitraje en conflictos laborales, las actuaciones en materia de igualdad de oportunidades, el impulso de la economía social y el funcionamiento del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
En conjunto, los 22 ministerios que integran el Gobierno ejecutaron el 84% de sus presupuestos durante 2025, un porcentaje inferior al 88,2% registrado en 2024. Esto supone que el 16% de los créditos disponibles quedó sin utilizar. Los recursos presupuestarios ascendieron a 199.396 millones de euros, de los que finalmente se ejecutaron 167.486 millones.
Si se analiza el grado de ejecución por departamentos, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa fue el que presentó el menor nivel de utilización de sus recursos. De un presupuesto de 15.964 millones de euros, únicamente ejecutó el 31,5%. Le siguió el Ministerio de Hacienda, que entonces dirigía María Jesús Montero y actualmente encabeza Arcadi España García, con una ejecución del 51,9% sobre una dotación de 17.768 millones. Tras ambos se situaron el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el de Juventud, que dejó sin ejecutar el 27,8% de su presupuesto, y el de Trabajo y Economía Social.
En el extremo opuesto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fue el departamento con mayor grado de ejecución presupuestaria al utilizar el 99,5% de los 55.100 millones de euros de los que disponía. La práctica totalidad de estos recursos se destinó al pago de pensiones contributivas, especialmente las de jubilación.
También destacaron por su elevado nivel de ejecución el Ministerio de Defensa, que dejó sin utilizar únicamente el 1,7% de un presupuesto de 19.131 millones de euros; el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con una ejecución del 98,3%; el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones Institucionales, que alcanzó el 97,1%; y el Ministerio de Igualdad, que ejecutó el 96% de sus créditos.
Otros departamentos también registraron elevados niveles de utilización de sus recursos. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ejecutó el 95,8% de un presupuesto de 4.781 millones de euros, mientras que el Ministerio de Sanidad alcanzó una ejecución del 84,6% sobre una dotación de 1.460 millones, inferior a los 1.717 millones con los que contó el año anterior.
Los datos reflejan que la menor ejecución presupuestaria no puede atribuirse exclusivamente a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. En ejercicios anteriores también se trabajó con cuentas prorrogadas y, sin embargo, el grado de ejecución fue superior. La prórroga presupuestaria implica que cada ministerio mantiene la dotación correspondiente a las últimas cuentas aprobadas, en este caso las de 2023, que fueron las últimas respaldadas por las Cortes Generales.
Por tanto, que una parte de los créditos presupuestarios quede sin utilizar responde a la capacidad de gestión y al ritmo de ejecución de cada departamento, y no al hecho de operar con unos presupuestos prorrogados.
Asimismo, una menor ejecución del gasto no supone automáticamente una reducción del déficit público. Los créditos que no llegan a utilizarse no constituyen un ahorro efectivo por sí mismos, ya que el déficit se determina por la diferencia entre los ingresos obtenidos y el gasto realmente ejecutado durante el ejercicio.