(El Economista, 04-05-2026) | Laboral
Los tribunales españoles están empezando a reconocer como indefinidos a empleados públicos temporales que han acumulado contratos durante largos periodos, además de fijar compensaciones económicas superiores a las previstas en la normativa vigente.
En las últimas semanas, tres juzgados han dictado resoluciones que aplican la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de abril, en la que se señalaba que la Administración debe ser sancionada por mantener durante años a estos trabajadores en una situación de abuso y falta de estabilidad. El tribunal europeo también indicó que actualmente no existen mecanismos eficaces para reparar el perjuicio causado ni para evitar que estas prácticas continúen.
Uno de los casos más destacados es el resuelto el 27 de abril por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid, que declaró como trabajadora indefinida -aunque no funcionaria de carrera- a una interina que había trabajado durante 20 años en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. El juez anuló su cese y concluyó que la Administración había abusado de su situación de temporalidad durante dos décadas.
El fallo se apoya en el criterio europeo, que considera insuficiente la figura del "indefinido no fijo" utilizada hasta ahora por los tribunales españoles, ya que mantiene cierta precariedad. También cuestiona que la indemnización por despido improcedente vigente -33 días por año trabajado- sea suficiente para compensar el daño sufrido.
En esta línea, el Juzgado de lo Social número 3 de Vigo concedió el 20 de abril una indemnización de más de 52.000 euros a una trabajadora que encadenó contratos temporales durante 18 años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aunque posteriormente logró una plaza fija. El juez tuvo en cuenta no solo su trayectoria laboral, sino también la incertidumbre, la inestabilidad y el impacto personal derivados de esa situación prolongada.
Para calcular la compensación, se valoraron factores como el tipo de funciones desempeñadas, la duración y número de contratos, las posibles ganancias perdidas y el perjuicio causado por la falta de estabilidad. Otro caso similar se resolvió en Badajoz, donde un juzgado reconoció una indemnización de 16.000 euros a una trabajadora cesada cuando su puesto fue ocupado por un funcionario, a pesar de que ella misma consiguió posteriormente una plaza tras superar un proceso selectivo. El juez consideró que su despido debía tratarse como el de una trabajadora indefinida no fija, superando así lo establecido por la ley de 2021, que limita las compensaciones en estos casos.
Todas estas decisiones pueden ser recurridas, y será el Tribunal Supremo quien establezca un criterio definitivo tras pronunciarse sobre la interpretación del fallo europeo. Actualmente, cerca de un tercio de los empleados públicos en España -alrededor de un millón- tiene contratos temporales. De ellos, unos 125.000 se encuentran en situación de abuso por haber encadenado contratos durante años, según el sindicato CSIF. Se estima que entre 30.000 y 40.000 casos ya están siendo tramitados en los tribunales.