(Cinco Días, 25-09-2026) | Laboral
La situación de los empleados públicos que acumulan años de contratos o nombramientos temporales continúa sin una solución definitiva. Una representación de trabajadores afectados, agrupados en la Coalición Líneas Rojas Innegociables, se ha reunido este jueves en Madrid con responsables de la Comisión Europea para reclamar que Bruselas lleve a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el incumplimiento de las exigencias comunitarias sobre el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas.
Los representantes de los interinos aseguran que durante el encuentro los funcionarios europeos les trasladaron que no se concederá más margen al Gobierno español para responder al procedimiento de infracción mediante nueva documentación. El Ministerio de Función Pública había solicitado a finales de junio una ampliación del plazo hasta marzo para disponer de más tiempo para negociar una reforma destinada a corregir el problema y evitar que Bruselas acudiera al TJUE.
La Comisión Europea reactivó la pasada primavera dos procedimientos de infracción que permanecían abiertos desde 2014. El 29 de abril remitió al Gobierno español sendos dictámenes motivados en los que reclamaba cambios legislativos para combatir el uso abusivo de las relaciones temporales en el sector público. España disponía de dos meses para responder antes de que la Comisión pudiera decidir si trasladaba el caso a la justicia europea, con la posibilidad de que el proceso terminara derivando en sanciones económicas.
Ese plazo concluyó a finales de junio y Función Pública, dirigido por Óscar López, pidió una prórroga hasta marzo con el argumento de que necesitaba más tiempo para negociar con las distintas administraciones una solución legislativa. Sin embargo, María Pilar Remírez, portavoz de la coalición de interinos que participó en la reunión con Bruselas, sostiene que la Comisión no ha aceptado esa ampliación.
Según su versión, los representantes comunitarios habrían comunicado que únicamente tendrán en cuenta la documentación remitida por el Gobierno hasta el 29 de junio, fecha en la que finalizó el plazo inicialmente concedido. Remírez ha señalado que, de confirmarse esta situación, el Ejecutivo español ya no dispondría de más tiempo para ampliar su respuesta al procedimiento de infracción.
Los responsables comunitarios habrían explicado también a los representantes de los trabajadores que analizarán la información presentada por España antes de decidir si interponen una demanda ante el TJUE. Este análisis podría prolongarse durante varios meses, según las estimaciones trasladadas a la coalición, antes de que la Comisión determine si lleva el expediente ante los tribunales europeos.
Los empleados públicos afectados reclaman que se produzca esta actuación porque consideran que las reformas aprobadas hasta ahora no han resuelto el problema. Entre ellas se encuentra la Ley 20/2021, que estableció procesos de estabilización de empleo temporal. Las asociaciones sostienen que estas medidas no han establecido mecanismos suficientes para prevenir y sancionar el abuso ni han garantizado una compensación adecuada para los trabajadores afectados.
Desde el Ministerio de Función Pública remiten a la propia Comisión Europea para conocer si finalmente se ha concedido o no la prórroga solicitada hasta marzo. El departamento mantiene, en cualquier caso, que continúa trabajando con las comunidades autónomas y las entidades locales para diseñar medidas destinadas a evitar que las relaciones temporales se prolonguen durante años.
En este contexto, la dirección general de Función Pública tiene previsto reunirse este viernes en Sevilla con representantes autonómicos y locales para avanzar en un documento de propuestas. Será el cuarto encuentro de estas características y entre las medidas que se están estudiando figura la creación de un sistema de alertas dirigido a los responsables de recursos humanos de las administraciones para detectar posibles situaciones de abuso de la temporalidad.
También se analiza la posibilidad de establecer sanciones para los responsables de personal que incurran en irregularidades en la contratación temporal. El Gobierno está trasladando además a Bruselas su estimación sobre la dimensión del problema y sostiene que el colectivo afectado por estas situaciones no supera los 200.000 empleados, frente a un total de más de 900.000 trabajadores temporales en las distintas administraciones públicas.
La controversia también tiene consecuencias sobre los fondos europeos. La coalición de interinos recuerda que España dejó de percibir 626,6 millones de euros vinculados al hito 144 del Plan de Recuperación, que exigía una reforma destinada a reducir la temporalidad en el empleo público y establecer mecanismos eficaces para prevenir y sancionar su utilización abusiva.
Este objetivo debía ajustarse además a las exigencias del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada de la normativa europea. Función Pública no considera oficialmente perdidos esos fondos, aunque el hito fue declarado incumplido y revertido el 7 de julio de 2025, por lo que los 626,6 millones asociados a ese objetivo figuran actualmente como no reembolsables.