(El Economista, 22-10-2026) | Laboral
El adelanto de las elecciones generales ha acelerado las reivindicaciones de los empleados públicos, que buscan dejar garantizada antes de la cita electoral del 29 de noviembre la subida salarial del 4,5% prevista para 2027. El Gobierno confirmó verbalmente ayer que mantendrá el incremento pactado, aunque todavía no ha concretado cuándo aprobará su aplicación. Al margen de esta mejora retributiva, los sindicatos han vuelto a situar entre sus prioridades la recuperación de las pagas extraordinarias anteriores a los recortes de 2010.
El incremento salarial para 2027 estaba contemplado en el acuerdo plurianual 2025-2028 que el Ejecutivo firmó con las organizaciones sindicales en noviembre del año pasado, con el objetivo de elevar las retribuciones un 11% durante ese periodo. La confirmación de que las nóminas aumentarán un 4,5% el próximo año despeja las dudas sobre el cumplimiento de ese compromiso, pero sigue pendiente determinar cuándo se aprobará la medida, debido a las dificultades que introduce el adelanto electoral en el calendario político.
Los empleados públicos también tienen pendiente un incremento adicional del 0,5% correspondiente a 2026, que se sumará al 1,5% ya consolidado. Esta subida estaba condicionada a que la inflación media anual superase el 1,5%, una circunstancia que, según las previsiones recogidas en el texto, se verá confirmada por la evolución de los precios. El aumento tendrá efectos retroactivos desde el inicio del año, aunque tampoco se conoce la fecha en la que se hará efectivo. En cualquier caso, deberá aplicarse a las nóminas correspondientes a todo 2026.
Una vez encauzada la cuestión de las subidas salariales, los sindicatos pretenden intensificar su campaña para recuperar la estructura retributiva de las pagas extraordinarias anterior a los recortes de 2010. La reivindicación afecta a unos 2,9 millones de empleados públicos, entre funcionarios y personal estatutario, cuyas pagas extraordinarias siguen sin equivaler a una mensualidad ordinaria completa.
Varias organizaciones sindicales pusieron en marcha en septiembre una campaña para reclamar la restitución de estas cuantías. Su estrategia pasaba por exigir al actual Gobierno que incluyera la recuperación de las pagas extraordinarias en la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el adelanto electoral introduce incertidumbre sobre la posibilidad de avanzar en esta negociación antes de los comicios.
El origen del recorte se encuentra en el Real Decreto-ley 8/2010, aprobado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para reducir el déficit público en plena crisis financiera internacional. La norma estableció una reducción salarial media del 5% para los empleados públicos y modificó de forma estructural los porcentajes del sueldo base y de los trienios que se incorporan a las pagas extraordinarias. Como consecuencia, estas dejaron de alcanzar el importe de una mensualidad ordinaria completa, una situación que se mantiene desde entonces.
La primera paga extraordinaria afectada fue la de diciembre de 2010. Según las estimaciones sindicales, la modificación supone una pérdida media de alrededor de 1.000 euros anuales por trabajador, al tener en cuenta la diferencia entre las cuantías que se perciben y las que corresponderían con la estructura retributiva anterior.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) mantiene abierta desde 2024 una vía judicial para intentar revertir esta situación. El sindicato presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional después de que el Congreso rechazara tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) que reclamaba la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias. La organización sostiene que las circunstancias económicas actuales son diferentes de las que justificaron los recortes hace más de una década y espera una resolución del tribunal.
CSIF calcula que, durante los 16 años transcurridos desde la aplicación de la medida, los empleados públicos han dejado de percibir unos 48.000 millones de euros. Esta estimación incluye tanto la reducción inicial de las pagas extraordinarias como las actualizaciones salariales que, según el sindicato, habrían correspondido a esas cantidades si se hubiera mantenido la estructura retributiva anterior.